Compromís ha alertado este jueves sobre las consecuencias del proyecto
de ley Simplifica aprobado la pasada semana a Las Cortes y que supone
“un golpe de estado a la autonomía municipal y la protección del
territorio”.
El diputado Gerard Fullana y la diputada Maria José Calabuig han señalado
que los pueblos de Alicante han visto eliminado “el único mecanismo
de defensa de los pueblos” contra la especulación del territorio. Los
valencianistas han acusado al Consell del Partido Popular de fomentar la
depredación del territorio y políticas negacionistas con el medio ambiente
que ponen en peligro la seguridad de las personas.
Así, Fullana ha denunciado “los efectos letales a nivel paisajístico y
económico” que tendrá este decreto ley, “y que abre la puerta a la
especulación y depredación del territorio municipal para empresas
constructoras y eléctricas”.
El diputado ha explicado que el decreto aprobado elimina los filtros
necesarios para minimizar catástrofes como la de las riadas o elimina el
único mecanismo de defensa de los Ayuntamientos contra la especulación.
“En los pueblos, se los impone la voluntad de las grandes
eléctricas al tener que aceptar propuestas de instalaciones de
estas empresas del territorio municipal, incluso no urbano.
Además no se les permitirá la suspensión de licencias para ganar
tiempo y ordenar dónde quiere realmente el Ayuntamiento ubicar
estos campos de fotovoltaicas gigantes, que es lo que hacían
hasta ahora. Pueblos como Villena, Agost, Castalla, Monóvar y
Monfort se encuentran en riesgo de no poder planificar las
macroplantas planteadas en sus territorios”.
Sin protección contra la especulación
“Es un modelo que implicará aumentos de las tarifas eléctricas
dado que no delgada el autoconsumo o implica a organismos
públicos, las empresas continuarán dictando las tarifas de la luz. Y
además, puede constituir un elemento especulativo al dar pie a
que las empresas con la licencia de instalación puedan venderla a
otros”.
Cultivo de la viña en peligro
“A nivel de economía tradicional”, ha continuado, “está poniéndose
en riesgo cultivos tradicionales, que solo en espacio dedicado al
cultivo de la viña podría representar la ocupación de 100.000
hectáreas, como reflejó la UA y las Denominaciones de Origen.
Esto es la mitad del total cultivado en este momento. Así, de
inicio, estaríamos poniendo en riesgo un negocio que factura 13
millones de euros”.
Decreto motosierra
Calabuig, por su parte, ha calificado de “decreto motosierra” del
proyecto de Carlos Mazón, el cual empezó a andar curiosamente el día
que València sufrió la catástrofe de la DANA: “PP y Vox se han cargado
50 artículos d la LOTUP (Ley De Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje). Vuelven a apostar por el modelo clásico del
Partido Popular, eliminando protecciones y límites al crecimiento
desmesurado”.
Calabuig ha apuntado el caso de Guardamar donde un gobierno del PP
plantea la construcción de 1000 viviendas en suelo inundable y que el
proyecto de Mazón persigue poder “rescatar PAIS abandonados y
proyectos que incumplen los términos medioambientales y de
seguridad, de su proyectos que difícilmente pasan los requisitos
de impugnabilidad como por ejemplo el que se plantea también en
Pego”.
La diputada de Banyeres ha lamentado que el día de antes de la DANA, PP
y Vox estuvieron votando en las Cortes mesuras que permitirán la
construcción de hoteles a 200 metros de la costa. “Es incoherente que
estén pedido obras hidráulicas cuando mantienen planes para
construir en suelo inundable”, ha concluido.