[Article d’Enric Morera publicat originalment a El País]
Les propongo como lectores que hagamos abstracción del mal llamado debate del estado de la nación, porque naciones hay varias en España o ninguna para algunos. Es una cuestión de fe. Seamos prácticos y vayamos al problema, a buscar las soluciones que puedan evitar el caos social, la protesta continuada, la huelga indefinida y, finalmente, incluso la violencia.
La admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) relativa a los desahucios, viene a significar la ruptura ciudadana con un orden social ya inexistente. Los ciudadanos han dicho: “Apartad políticos corruptos, Parlamento inútil, dejad que le digamos a Rajoy lo que tiene que hacer”. La tramitación de esta ILP significa que ahora mismo el poder lo ejercen los ciudadanos, porque el Grupo Popular tendrá que votarla a favor respetando su esencia.
Así lo determinan las últimas encuestas: el 90% de los ciudadanos respaldan la iniciativa con independencia del partido al que votan (Metroscopia, 17 de febrero de 2013). La sociedad en su conjunto defenderá a los desahuciados y a los que no tienen recursos para atender sus hipotecas, esto es, defenderá el constitucional derecho a la vivienda por encima de otras consideraciones, lo que conmina al PP a resolver en este sentido. Considero que cualquier titubeo al respecto nos situaría ya en el caos.
Pero si el PP de Rajoy defiende a las personas desprotegerá los intereses de los bancos y en consecuencia del sistema euro en su conjunto, evidenciando, además, la situación de debilidad extrema en que se encuentra su flamante mayoría absoluta de 186 escaños. El problema ya no tiene solución, ahora mandan los ciudadanos, que finalmente han arrinconado al absolutista PP de Rajoy en la misma esquina que ocupa la presunta caja B de este partido.
En la Unión Europea de Merkel y Hollande ya saben que el sistema electoral español ha fallado, lo que significa que la flexibilización de los plazos está garantizada, también el pacto PSOE-PP si no hay otra fórmula, incluso el cambio drástico de las políticas sobre el sur de Europa: no se puede permitir la inestabilidad política continuada o la retirada del PIB español aunque lo pida la mayoría social, como en Grecia.
Ya hemos indicado una solución: el rey debe abdicar en el príncipe Felipe, para iniciar un proceso donde los ciudadanos deciden en las comunidades autónomas si se transforman en Estados de una confederación, se establece una nueva Constitución, deliberativa y ciudadana, y se somete a refrendo la continuidad de la propia monarquía al finalizar el nuevo proceso constituyente. Resulta chocante el dogmatismo religioso de la vieja izquierda española, que es republicana y no soportaría pedir la abdicación del rey aunque resolviera todos los problemas, cualquier solución menos esta. Tampoco le sirve esta idea a otros partidos nuevos como UPyD, incapaces de digerir que Euskal Herria sea la nación de la mayoría social vasca: la cesta se tiene que hacer con estos mimbres, sobre todo, porque no hay otros.