El Caso Dagda, desvelado por Compromís, que recibe su nombre por la empresa que facturó hasta 7,2 millones de euros a la Conselleria de Sanidad entre los años 2006 y 2013 por la realización de intervenciones quirúrgicas derivadas sin control público a la sanidad privada, parece tener conexiones políticas.
Según las investigaciones llevadas a cabo por Compromís, Alberto Serrano, administrador único de la empresa Dagda Platinum S.L., fue Director General de la Institución Ferial Alicantina (IFA) entre los años 1996 y 1999. Según señala la diputada de Compromís, Marian Campello, “nuestras sospechas de que Vázquez no operó solo en el saqueo a las sanidad valenciana se han convertido en una triste realidad”.
Alberto Serrano, licenciado en Ciencias Empresariales y diplomado en Derecho accedió a la Dirección General de IFA el 6 de Septiembre de 1996. Llegaba desde la CAM de la mano del Conseller de Industria y Comercio Diego Such, de quien había sido alumno durante su etapa formativa.
“Vázquez atendía a sus pacientes en el Hospital General de Alicante y les derivaba al Hospital Medimar dónde él mismo les operaba. Posteriormente se facturaban las operaciones a Conselleria a través de la empresa de la que su hija era apoderada y que tenía como administrador único a un ex Director General de IFA, el señor Serrano. Toda una presunta trama orquestada para expoliar los recursos públicos sanitarios”, asegura la diputada Campello.
DAGDA PLATINUM no fue la única empresa en la que Serrano coincidió con la familia del Doctor Vázquez. También compartieron gestión en la mercantil ALIEMBOL 2003 dónde constan como administradores Serrano, el Doctor Vázquez y la esposa e hija del facultativo: Angeles Vázquez y Ángeles Carballeira.
Serrano cesó como administrador de DAGDA PLATINUM en Julio de 2017, justo en el ecuador de las investigaciones llevadas a cabo por Compromís. “Nos hemos movido mucho y no sabemos si esto puede haber sido causa de la retirada de Serrano de DAGDA, pero la documentación es clara e inequívoca”, afirma Campello, quien añade que la cuestión económica “es únicamente la punta del iceberg. Las peores consecuencias de esta trama quedan en los cuerpos y las vidas truncadas de las personas afectadas”.