El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, quiere que el Gobierno cree diferentes categorías en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los distintos tipos de bienes rústicos, de modo que no tengan que pagar lo mismo una explotación agraria o una edificación residencial.
La iniciativa, que será debatida en la Comisión parlamentaria de Hacienda, recuerda que el IBI sólo distingue actualmente los bienes de naturaleza urbana, los de naturaleza rústica y los de características especiales. Así, en los bienes rústicos se aplican bonificaciones en función del régimen de explotación, de modo que, por ejemplo, los inmuebles de las cooperativas tienen el 95% del gravamen bonificado.
Sin embargo, en el Catastro la clasificación de bienes rústicos se hace en función de si están siendo explotados, si están abandonados o si son urbanos pero sobre terrenos rústicos, asignando un valor diferente en cada caso.
Para calcular el importe a pagar en concepto de IBI, los ayuntamientos pueden también diferenciar los tipos según el bien gravado, siempre dentro de unos límites. Pero “a pesar de existir diferentes niveles de valoración catastral, el tipo de gravamen para los bienes de naturaleza rústica es único”, lamenta Compromís.
Esto obliga a que una explotación agraria tenga que pagar lo mismo que una vivienda en terreno rústico, y “se produce la paradoja de que los terrenos rústicos puedan sufrir mayor carga fiscal” si se equipara el tipo de gravamen a un uso urbano, mientras que las casas construidas en zonas rurales pueden acabar pagando menos que las explotaciones.
“Es necesario distinguir el tipo de gravamen de los terrenos de naturaleza rústica en base a dos criterios: si albergan construcciones de uso residencial o no”, cree el diputado valenciano, convencido de que la tributación en función de si un terreno está explotado o no, independientemente de si tiene construcciones de naturaleza urbana, es más justa.
Además, Baldoví defiende que de este modo se favorecería el mantenimiento de las explotaciones, y no su abandono, sobre todo en la actual coyuntura de “crisis sistémica” en el campo, que “merece la acción y la intervención de la Administración pública en todos sus frentes”.
Por eso, pide al Gobierno que revise y/o corrija del modo que considere oportuno el tipo de gravamen del IBI de tipo rústico para distinguir entre explotaciones agrarias, no explotaciones y edificaciones de uso residencial en terreno rústico.