Isaura Navarro: “Así comenzó el gran embrollo jurídico que ahora se tiene que deshacer para que los valencianos y valencianas volvamos a tener una radio y televisión pública en valenciano que garantice nuestro derecho a la información”.
Compromís ha hecho pública hoy una nueva sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que condena la opacidad del anterior gobierno del PP por la vulneración del derecho fundamental del art. 23 de la Constitución que supone la negativa a entregar documentación a diputados de la oposición. En esta ocasión se trata de la negativa a entregar copia del acta de la reunión del Consell constituido como Junta General de RTVV del 7 de noviembre de 2013.
Según ha señalado la diputada de Compromís, Isaura Navarro, “en respuesta a la petición de documentación que en diciembre de 2013 realizó Mónica Oltra al Consell para tener acceso al acta de la Junta General de RTVV, el entonces vicepresidente, José Císcar, remitió a Compromís un certificado realizado al efecto, en el que no se hacía constar las cuestiones básicas que la normativa exige para una acta, al no contener ni los miembros asistentes, ni su voto, ni el contenido de los acuerdos alcanzados. Por eso recurrimos al TSJ, que ahora nos da la razón”.
“Esta Junta General de RTVV fue de gran importancia porque en ella se designó un nuevo director general y nuevos consejeros y se produjo después de que ese mismo día el gobierno valenciano aprobara un Decreto Ley para recuperar el control del ente público, una serie de decisiones tomadas para acelerar el cierre de RTVV”.
Según Navarro “hay que recordar que el gobierno del PP en ese momento había perdido el control sobre los informativos del ente público y quería detener lo más rápidamente posible las emisiones en las que por primera vez los periodistas de RTVV estaban informando en libertad. De esta manera la actuación del gobierno del PP en el cierre de RTVV se convirtió en una gran chapuza”.
“Así comenzó el gran embrollo jurídico que ahora se tiene que deshacer para que los valencianos y valencianas volvamos a tener una radio y televisión pública en valenciano que garantice nuestro derecho a la información”.
“El entonces Vicepresidente Císcar nos remitió un certificado pero no nos facilitó el acta con la que queríamos saber cuáles fueron los asistentes del Consell a esa Junta, qué votó cada uno, donde se reunieron … la información básica que debe figurar en un acta. La denegación de la información de algo tan sencillo como el acta de una reunión nos hizo preguntarnos qué irregularidad estaba escondiendo el gobierno del PP”.
En su sentencia el TSJ estima que en “este caso concreto no se ha dado razón alguna que justifique la negativa a facilitar dicha información, (…) por lo que debemos declarar la existencia de vulneración constitucional en la negativa a facilitar la documentación solicitada por el demandante, a que viene obligado el órgano requerido, y en tales términos procede la estimación del recurso interpuesto”.
El Tribunal también dicta con esta sentencia la “imposición de costas a la Administración demandada quien ha visto íntegramente desestimadas sus pretensiones”.