La diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio en las Corts, Graciela Ferrer, en el Día Mundial del Agua, ha presentado una proposición no de ley para que el parlamento valenciano inste al Consell a “promover las medidas adecuadas para que todas las personas que vivan en nuestro territorio puedan ejercer el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento”.
Según Ferrer, “se trata de reconocer explícitamente este derecho como derecho humano esencial, siguiendo lo recogido en las resoluciones de 28 de julio de 2010 y de 18 de diciembre de 2013 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más cuando a lo largo de los últimos años hemos visto cómo se han incrementado las situaciones de la contaminación de las fuentes de suministro o de pobreza hídrica en muchos hogares valencianos a consecuencia de la crisis econòmica”.
“Por eso consideramos que desde todas las instituciones tenemos que garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al acceso al agua potable y el saneamiento, en particular aquellas personas que por carencia de recursos económicos se encuentran con problemas para poder sufragar los gastos de acceso a este servicio. O bien cuando el deterioro de las fuentes de suministro encarece el servicio de abastecimiento por contaminación o sobreexplotación”.
“Es fundamental llevar a cabo un diagnóstico sobre el grado de cobertura del derecho humano de acceso al agua potable y el saneamiento, y también sobre las modalidades y características de la gestión de las prestaciones de estos servicios a las personas residentes en el País Valenciano. Hablamos de aspectos como la calidad del agua suministrada y del agua tratada, del acceso o cobertura de los servicios, la asequibilidad, sostenibilidad ambiental y económica, la equidad, eficacia y eficiencia de los servicios, además de la transparencia y participación ciudadana”.
“Hay que promover una cultura del agua en la que la gestión de la prestación de los servicios de abastecimiento de agua a la población y el saneamiento responda a la lógica de la garantía de un servicio público básico de interés general”, ha concluido la diputada Graciela Ferrer.