El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado en la sentencia de 8 de marzo de 2016 el escrito de apelación del Ayuntamiento de Meliana y, por tanto, ha ratificado la sentencia 101/2013 del Juzgado núm. 7 del Tribunal Contencioso Administrativo, de 12 de abril de 2013, en que declaraba nulo el acuerdo del gobierno del PP de supresión, el 26 de enero de 2012, de la plaza de técnica lingüística del consistorio de Meliana.
Como ha explicado el demandante y actual alcalde de Meliana, Josep Riera, “la justicia ha ratificado en todas las instancias lo que Compromís defendió desde el principio por todas las vías possibles, la política, la administrativa y, finalmente, la judicial, y que el PP ignoró sistemáticamente. La supresión de dicha plaza era contraria a derecho, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y al Reglamento de Promoción y Uso del Valenciano del Ayuntamiento de Meliana, aprobado por unanimidad en 1997”.
La Sala de lo Contencioso Administrativo se ratifica, por tanto, en la doctrina y la jurisprudencia de la sentencia del 12 de noviembre de 2012, procedimiento ordinario 503/2009, por un caso parecido en el Ayuntamiento de Alboraia. Ahora, el consistorio tiene que restablecer la legalidad y tomar los acuerdos necesarios para reincorporar la plaza de técnico lingüístico a la plantilla del Ayuntamiento de Meliana.
Además, el alcalde ha exigido a los populares “que asuman su responsabilidad política por el ataque sistemático al valenciano y a la legalidad que protege la lengua propia y el patrimonio más preciado de los valencianos y las valencianas y del pueblo de Meliana, nuestra seña de identidad más importante”. Después de no haber querido escuchar en ningún momento los argumentos sólidos y evidentes que entonces se hacían desde la oposición y de haber provocado la condena del Ayuntamiento, en cuanto a las costas del proceso judicial Riera ha considerado que “la asunción de responsabilidades se tiene que producir en forma de dimisiones de quién entonces defendió la decisión política de este sinsentido, principalmente del portavoz de los populares, Pedro Cuesta, y del regidor Enric Esteve, también presidente de la entidad Lo Rat Penat. Los populares también tendrían que asumir el pago de las costas judiciales, puesto que en este caso el pueblo de Meliana no tendría que pagar su mala gestión intencionada”.
Por otro lado, la sentencia deja al descubierto la estrategia estéril de conflicto y de crispación del PP en cuanto a la lengua y a las señales de identidad del pueblo valenciano. Así, el síndico de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha denunciado cómo “con hechos como este se demuestra la poca sensibilidad real de los populares por el patrimonio valenciano y cómo el PP ha intentado tapar su corrupción dividiendo a los valencianos y valencianas con conflictos estériles. Este ha sido su único objetivo, intentar monopolizar la identidad valenciana yendo en contra de los parámetros de una sociedad rica, plural y diversa como la nuestra. Una sociedad que quiere vivir con libertad su identidad y afrontar con madurez democrática los problemas que nos han dejado dos décadas de gobierno del PP. Así se tiene que entender e interpretar toda la campaña del PP relacionada con la Ley de Señas de identidad, finalmente derogada por las Corts Valencianes con el nuevo gobierno y el nuevo parlamento valencianos”.
