La Fiscalía de Valencia ha remitido a uno de los denunciantes de los hechos, el actual alcalde y portavoz de Compromís per València, Joan Ribó, las diligencias por las cuales entiende que el caso tiene que ser investigado a la Fiscalía del Supremo, atendiendo al aforamiento que tiene en la actualidad Barberá.
Ribó ha exigido al Partido Popular, a sus dirigentes, y a la propia Rita Barberá, “que salgan a dar la cara y a dar unas explicaciones creíbles por aquello hecho durante su desgobierno. El PP continúa sin tomar ni una sola medida que aparte de sus siglas la corrupción y el símbolo del malgasto: Mariano Rajoy todavía no ha hecho los deberes ni ha cumplido con su palabra. Esto sólo demuestra la complicidad existente entre Rajoy y Barberá”.
Al respeto, Ribó ha manifestado que “prometimos cuando estábamos a la oposición que perseguiríamos a los responsables de la debacle económica y social de los valencianos. Queremos que devuelvan hasta el último céntimo robado o derrochado. Y este es uno de esos casos”. Según ha proseguido el portavoz de Compromís, “en los peores años de la crisis económica, y mientras el PP practicaba los recortes más salvajes que hemos vivido en democracia, la señora Barberá no dudaba a gastarse el dinero de todos los valencianos en lujos impropios de un cargo público, como si fueran dinero suyo”.
El caso Ritaleaks fue destapado por Compromís a mediados de mayo de 2015, cuando hizo públicas un total de 466 facturas que respondían a los gastos de alcaldía a que se hizo frente entre los años 2011 y 2014. En total, 278.000 euros que la entonces máxima mandataria de la ciudad gastó en suites de lujo de hoteles de 5 estrellas a 650€ la noche (a full-credit, es decir, con todos los gastos incluidos), en alquileres de coche con chófer por cerca de 5.000€, o en comidas en restaurantes a razón de más de mil euros en algunos casos. Todo, pagado desde las partidas de representación cuando gobernaba el PP y estando Rita Barberá al frente. Unos hechos por los que Compromís denunció a Rita Barberá por supuestos delitos contra la administración pública”.