El delegado del Consell para el Modelo Social Valenciano, Xavier Uceda, ha destacado la amplia participación social que se ha producido en el periodo de exposición pública del borrador del anteproyecto de la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión y ha destacado que ello “es una prueba del gran interés ciudadano que genera este texto legal” que se ha elaborado desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Uceda ha participado hoy en el Observatorio para la Defensa de los Derechos de las Personas en Situación de Vulnerabilidad, organizado por la Sindicatura de Greuges, y en el que el delegado del Consell para el Modelo Social Valenciano ha presentado el borrador de la ley que regula esta nueva prestación, que sustituirá a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
La nueva prestación, además de garantizar la prestación económica, asegura el derecho a la inclusión social mediante la intervención desde los servicios sociales municipales y la colaboración de entidades sociales del territorio.
El delegado del Consell ha explicado que, durante las semanas en que el texto ha estado publicado en la página web de la conselleria, se han recibido hasta 135 alegaciones, realizadas fundamentalmente desde entidades de acción social, sindicatos, colegios y colectivos profesionales, ayuntamientos, y también desde la ciudadanía particular, y ha destacado que ninguna de ellas plantea una modificación sustancial de la ley, aunque sí alguna mejora concreta, lo que a su juicio demuestra que las propuestas del Consell están en plena sintonía con lo que plantea la sociedad.
Del total de alegaciones presentadas, el 27% han sido aceptadas e integradas directamente en el texto del anteproyecto de ley, mientras que el 12% pasarán a desarrollo reglamentario y el 10% ya se encontraban recogidas en el texto del anteproyecto.
La mayor parte de las aportaciones realizadas, en concreto el 45%, han hecho referencia al Título I, en el que se definen las características de las cuatro modalidades de Renta Valenciana de Inclusión previstas (Renta de Inclusión Social, de Garantía de Ingresos Mínimos, Complementaria de Rentas del trabajo y Complementaria de Prestaciones), así como los requisitos de acceso, el cálculo de la prestación y los importes de cada una de las modalidades, en función del número de miembros de la unidad de convivencia.
Le siguen en importancia las alegaciones presentadas al Título II, que hace referencia a los instrumentos de Inclusión Social y de Inserción Laboral, que ha recibido el 17% de propuestas.
Respecto a la tipología de alegaciones presentadas, el 49% lo han sido de ‘adición’, mientras que tan solo el 9% lo ha sido de ‘supresión’. El resto, hasta el 42%, han propuesto ‘modificaciones’ en la redacción del texto.
En cuanto al origen de las alegaciones, éstas han provenido en su mayoría (48%) de los sindicatos (CC.OO. y UGT), mientras que las entidades de acción social han realizado un 38% de las alegaciones.
Algunas de las alegaciones han permitido incorporar o flexibilizar alguno de los requisitos con el objeto de garantizar su protección social desde la ley, en especial a las personas más vulnerables como los jóvenes ex tutelados y ex tuteladas de la Generalitat, personas con diversidad funcional, refugiadas, etc.
Uceda ha destacado que la implicación personal de la vicepresidenta ha hecho que se declare de urgencia la tramitación de la Ley y se haya constituido ya la Comisión responsable de redactar el reglamento que permitirá diseñar los procedimientos y garantizar su aplicabilidad en tiempo más breve posible.
La Renta Valenciana de Inclusión
La nueva ley permitirá que esta ayuda tenga “carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo”, y al mismo tiempo, ampliará los requisitos para poder demandarla, ha recordado el delegado del Consell.
Entre las mejorías que aportará la nueva normativa, se encuentra la flexibilización de los requisitos “por lo que llegará a más personas”. De hecho, ha señalado, será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, amplía la edad para poder solicitarla a los 18 años y, a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
Cabe recordar también que el importe de ésta será de 531 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera y, en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.