El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Estructuras Agrarias.
El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, que ha sido el encargado de informar de los asuntos aprobados por el Gobierno valenciano, al estar la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en Bruselas, ha hecho hincapié en que se trata de una ley “muy importante” enfocada para “superar las debilidades estructurales que padece el modelo agrario valenciano”.
La consellera de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, que ha intervenido junto a Alcaraz para explicar el contenido de la nueva ley, ha señalado que “forma parte de toda una serie de líneas de trabajo que conforman en conjunto una política agroalimentaria valenciana”, una labor que “había faltado en los últimos años, lo que está provocando situaciones en el sector agrario que era necesario abordar y que no se atendían desde hacía mucho tiempo”.
En este sentido, Cebrián ha destacado que “esta ley tiene que entenderse como un instrumento dinamizador que ayude a superar las debilidades, dando rentabilidad a la producción agraria valenciana, y a aprovechar las muchas fortalezas que tiene nuestro sector”.
La consellera de Agricultura ha insistido en que “se trata de una herramienta fundamental para adaptar la agricultura valenciana a los retos actuales y, en definitiva, al siglo XXI. Y también para devolver la ilusión y el orgullo al sector agrario valenciano”.
“En definitiva, con esta Ley de Estructuras Agrarias lo que pretendemos es contribuir a reforzar, favorecer y agilizar las mejores condiciones estructurales que ayuden a nuestra producción, de manera que sea competitiva, rentable y sostenible”, ha indicado Cebrián.
De este modo, el objetivo principal de esta ley es establecer un nuevo marco general que impulse la mejora de las estructuras agrarias, con el fin de superar la pérdida de rentabilidad de los últimos años y contribuir a la consolidación de una agricultura que ofrezca oportunidades de vida digna, que fomente la incorporación de jóvenes y mujeres y potencie a los profesionales, apostando por la sostenibilidad.
Entre las novedades que introduce se encuentra la creación de la figura del agente dinamizador; la elaboración de un mapa agronómico como herramienta de planificación; la puesta en marcha de una Red de Tierras o la introducción de incentivos fiscales a la adquisición y al arrendamiento de fincas rústicas, entre otras medidas.
Una vez aprobado el texto por el Consell, será ahora remitido al Consell Jurídic Consultiu y el Consell Econòmic i Social con el fin de que elaboren los dictámenes pertinentes. Asimismo, se enviará a asociaciones profesionales de ganadería o otras entidades del sector, cooperativas, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ingenieros agrónomos y otras administraciones e instituciones públicas con el fin de que hagan las alegaciones pertinentes.
Responsabilidades penales en la gestión de anteriores directivos de VAERSA
Por otra parte, Alcaraz ha dado cuenta del informe de la Intervención General de la Generalitat acerca del control financiero de los gastos en compras y servicios exteriores realizados en la empresa pública VAERSA entre enero de 2006 y junio de 2015, del que se desprenden posibles responsabilidades penales en actuaciones llevadas cabo por directores de la empresa pública con anteriores gobiernos.
En relación a la información resultante de la investigación de la gestión de VAERSA, el conseller de Transparencia ha indicado que “se trata de una situación grave, no solo por la cantidad del dinero, sino porque se trata de un comportamiento que no espera ni desea la sociedad valenciana”.
Asimismo, Alcaraz ha insistido en que “el Gobierno del Botánico continuará trabajando para recuperar todos los activos”.
El informe de la Intervención General de la Generalitat refleja que durante 2006 y 2015 se efectuaron gastos mediante el uso de tarjetas de crédito con cargo a cuentas de VAERSA por un total de 138.525 euros, de los que 45.265 euros fueron extracciones en efectivo en cajeros automáticos, un hecho que, salvo justificación extrema, puede constituir un acto de lucro.
También se han detectado compras abonadas con las tarjetas de crédito, la mayor parte corresponde a gastos de restauración, destacando los más de 12.000 euros en un mismo restaurante en 89 ocasiones, de ellas 65 en sábado o domingo; así como gastos con una “dudosa e inexistente” relación con las funciones propias de su cargo, tales como concesionarios de coches, grandes almacenes y otros comercios, así como una estación de esquí.
Acción Popular contra la violencia machista
En otro orden de cosas, el Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a ejercer la acción popular por el asesinato de Margaret, una mujer de 79 años y nacionalidad británica, que falleció el pasado 19 de febrero en una residencia de mayores de El Campello por las heridas causadas, presuntamente, por su pareja.
Alcaraz ha insistido en que con esta medida “queremos dejar claro, una vez más, que los agresores no tienen hueco en nuestra sociedad, una sociedad avanzada que pretende construir relaciones igualitarias”.
Consolidación del modelo valenciano de autogobierno
Entre los asuntos, el Consell también ha aprobado la creación de la Comisión Interdepartamental encargada de coordinar el desarrollo del Estatuto de Autonomía e impulsar el modelo valenciano de autogobierno, desde la que se coordinarán las iniciativas adoptadas para los diferentes departamentos del Consell en este sentido, en cumplimiento de los objetivos del Acuerdo del Botánico.
Entre les funciones de la nueva Comisión está, por un lado, la de recibir y analizar la información suministrada por cada conselleria, y adaptar pautas y criterios de coordinación del desarrollo estatutario en el marco de una estrategia conjunta para toda la acción del Consell.
Por otra parte, tiene como objetivo materializar y hacer visible un modelo de autogobierno que encuadre la acción política del Consell en su conjunto. Eso supone delimitar unos principios de actuación, fijar unas preferencias en función de los intereses generales implicados y actuar de acuerdo con ellos, configurar los servicios públicos de la manera que mejor permita cubrir las necesidades de la sociedad, colocar en un lugar prioritario la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana y, en definitiva, establecer las bases para involucrar a todos los valencianos y las valencianas en este proyecto común.