El Consell ha autorizado la contratación del servicio de puesta a disposición de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida para la atención de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la guarda o tutela de la Generalitat. El importe del contrato asciende a casi 37 millones de euros para un periodo de doce meses.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha puesto de relieve que, “con el nuevo modelo de acogimiento familiar de la Generalitat, se genera equipo técnico donde no había y se refuerza donde ya había. Además, se incrementa el equipo educativo, de modo que la ratio de profesionales por niño pasa de 1,05 a 1,70”.
A este respecto, Oltra ha explicado que se va a contratar a 410 nuevos trabajadores y trabajadoras “lo que permitirá una atención más individualizada a los niños y niñas”, aunque, como ella ha recordado durante el transcurso de la rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno valenciano, “la apuesta del Gobierno del Botánico en el ámbito del acogimiento es la desinstitucionalización de niños y niñas mediante iniciativas como “Mejor en familia”.
La vicepresidenta ha hecho especial hincapié en que el nuevo modelo de acogimiento de la Generalitat contrasta con lo que había hasta ahora. “La falta de políticas durante 20 años del anterior Gobierno en esta materia han convertido el sistema de protección en una telaraña que atrapaba a los niños y no los soltaba”.
El nuevo sistema de protección puesto en marcha por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas focaliza la atención en “trabajar para que ninguno de estos niños y niñas se vean privados de un entorno familiar favorable para su crecimiento personal, garantizando sus derechos como personas”.
Garantiza la sostenibilidad, calidad y competitividad del sector turístico
En otro orden de cosas, el Consell ha dado conformidad a la tramitación del anteproyecto de Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad.
Compromiso del Seminario de Morella, como ha recordado la vicepresidenta, esta ley tiene por objeto la promoción y ordenación de la actividad turística, así como la modernización del sector turístico y el impulso de la hospitalidad como un elemento básico en la relación entre residentes y turistas.
Según ha indicado Oltra, se trata de “un texto innovador que garantiza la sostenibilidad, la calidad y la competitividad. Un texto adaptado a la nueva realidad donde la hospitalidad; el código ético de turismo; las consecuencias del cambio climático; los nuevos modelos empresariales; la valoración del territorio y el paisaje; la cultura y tradición local; la cooperación y participación de los agentes locales y el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales tienen un protagonismo singular”.
Por todo ello, este anteproyecto de ley pretende “asentar los principios para un nuevo modelo turístico, un nuevo modelo que facilite la integración entre la población, la cultura y el medio ambiente local”, ha destacado la vicepresidenta.
El anteproyecto de ley se articula en tres grandes libros: Gestión colaborativa y responsable; Competitividad turística y Actividad turística.
La vicepresidenta ha destacado los nueve valores de la ley: sostenibilidad y paisaje; hospitalidad y cultura de acogida; ética y responsabilidad social; vertebración del territorio; competitividad con el objetivo de construir una comunidad legal, alejada del fraude y el intrusismo; calidad y diversificación; capital humano y conocimiento; transparencia; participación y corresponsabilidad.
Entre todas las novedades, Oltra ha hecho una mención especial al capítulo dedicado a la Ética del turismo, “ya que somos el primer Gobierno que incorpora un código ético en una ley”. Esto hace que se plantee un modelo turístico que “tiene la hospitalidad como principio básico y que promueve los valores de respeto, igualdad, cordialidad y que tiene como principal objetivo el incremento del turismo social, principalmente el turismo inclusivo”.
“En definitiva, se trata de una ley sensible, en la que no solo se habla de turismo, sino también de personas”, ha incidido Oltra.
Más profesionales para valorar la dependencia
El Consell también ha aprobado el decreto por el que se establece el procedimiento de reconocimiento del grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas.
La vicepresidenta ha destacado que se trata de un “decreto pionero en España que unifica la normativa autonómica que existía sobre esta materia”.
Oltra, que ha desglosado las novedades de este decreto, ha hecho especial hincapié en que “se agilizan los trámites de las valoraciones”, que podrán ser realizadas por el personal con titulación social o sanitaria “que cuente con la acreditación necesaria para hacerlo, lo que permitirá pasar de 17 a más de 400 profesionales solo en el ámbito de los servicios municipales”.
Entre otras novedades, el decreto regula por primera vez el procedimiento de revisión del grado de dependencia y los traslados entre comunidades autónomas, que hasta ahora no se habían contemplado en ninguna normativa. Se contempla la prestación vinculada a la garantía, que se ofrecerá en los casos en los que no se disponga de plaza pública adecuada al grado de dependencia, y se amplía la prestación económica de asistencia personal a aquellas personas que no estudian ni trabajan, requisito que hasta ahora era necesario.