El grupo Compromís en la Diputación de Alicante ha acusado hoy César Sánchez de dejación de funciones en las competencias que le corresponden como presidente de la Diputación y por usar la institución como bunker del Partido Popular autonómico. Compromís ha negado que la Diputación pueda levantar la voz en contra de los municipios que han elegido sus programas en los consejos escolares pertinentes y menos cuando se hace vía un decreto de presidencia de un gobierno que no tiene mayoría plenaria y que representa el 40% de los votos municipales de la provincia.
Compromís ha criticado que el Partido Popular use los fondos públicos de una administración para presentar un recurso que es marcadamente partidista. Entretanto, ninguno de los puntos marcados como objetivos de la legislatura se están llevando a cabo y los pueblos se ven sometidos a las consecuencias de la política de confrontación y aislamiento constante del Partido Popular.
Compromís ha negado que la Diputación pueda levantar la voz en contra de los municipios que han elegido sus programas en los consejos escolares municipales pertinentes y menos cuando se hace vía un decreto de presidencia de un gobierno que no tiene mayoría plenaria y que representa el 30% de los votos municipales de la província. Es más grave todavía si contemplamos que el 72% de los centros escolares a todo el territorio autonómico aprueban el decreto.
Para Compromís, el recurso del Partido Popular es un recurso político, sin argumentos jurídicos de peso, que contradice los postulados de las Unidades Multilingües de la Universidades Públicas y que, en concreto, pone en peligro el hecho que los alumnos puedan contar con certificaciones lingüísticas europeas.
César Sánchez busca promocionar su figura en contra del posicionamiento de la Abogacía de la Generalitat, el Consejo Jurídico Consultivo y el propio Ministerio de Educación. Compromís considera que lo que molesta a César Sánchez es que los niños y niñas aprendan inglés, valenciano y castellano.
“La situación es kafkiana: César Sánchez ha sido capaz de judicializar el sistema educativo sin ningún argumento pedagógico. Y es la misma persona que no ha querido debatir en el pleno de la Diputación sobre cómo habían afectado a los alicantinos los sobrecostes de más de 1.000 millones de euros en la construcción de escuelas de Ciegsa, alegando precisamente que la institución no tiene competencias en la materia”, ha manifestado Fullana.
“La Diputación vive de espaldas a los pueblos, ha presentado un recurso que no ha pasado por el órgano plenario mediante un decreto de presidencia. No tiene ninguna legitimidad para decidir en contra de los centros escolares, los pueblos y los consejos escolares municipales. Nos crea perplejidad que cuando centenares de miles de familias ya han matriculado sus hijos se plantee una suspensión cautelar en base a un recurso de una administración que no ha pasado ningún trámite plenario, ni autorización de un solo municipio al respeto”.