El pleno del Congreso vota mañana la toma en consideración de la Proposición de Ley de Compromís que defiende la disolución de los partidos políticos que se financien ilegalmente.
La iniciativa de la formación valenciana plantea también la suspensión de actividad hasta cinco años, su inhabilitación para recibir subvenciones públicas o incentivos fiscales durante un plazo máximo de 15 años, así como el cierre de locales y establecimientos por un periodo no superior a cinco años.
La propuesta contra el dopaje electoral persigue “acabar con el vacío legal que permite la continuidad de las organizaciones políticas beneficiadas de estructuras mafiosas destinadas a la financiación por vías ilegales”, ha señalado el diputado de Compromís Enric Bataller, que defenderá mañana la proposición de ley.
La reforma del Código Penal de 2015 contempla la disolución y suspensión de las formaciones por recibir donaciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos – anónimas, finalistas, procedentes de personas jurídicas o por encima del límite legal anual-.
La modificación, sin embargo, no recoge este castigo en el caso de redes mafiosas levantadas en el seno de un partido para engrosar sus cuentas. Bataller ha apuntado a algunos de los recientes casos de corrupción para ilustrar cómo las donaciones en negro han dejado paso a complejas estructuras de contabilidad B, facturas falsas, sobrecostes, blanqueo y desvío de fondos públicos.
Compromís ha incidido en que la financiación irregular sale del bolsillo de toda la ciudadanía y en que no solo atenta contra el prestigio de la clase política sino contra la esencia de la democracia.
El diputado de la coalición ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas de la oposición para votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley y acabar con la impunidad que se esconde bajo las siglas.