El tratado CETA fue ratificado en el Pleno de Congreso por PP, Ciudadanos, PDeCAT y PNV, la abstención del PSOE y el rechazo del resto de formaciones. Carles Mulet ha manifestado que “nos quieren vender como europeístas y modernos unos tratados que son injustos, atentan contra derechos protegidos constitucionalmente, una tradición productora, comercial y exportadora de nuestra economía y que pondrá en serios apuros la seguridad y viabilidad de muchos de nuestros productos”, como está ya ocurriendo con otros tratados comerciales, como el rubricado con países africanos que ha eliminado aranceles al movimiento de naranjas, invadido los almacenes con naranjas foráneas en plena campaña de la local y generado graves problemas de viabilidad económica y falta de control y seguridad sanitaria ante la indiferencia y falta de medidas de la UE.
El CETA, o el TTIP que se ha tramitado de forma opaca, ya de partida generan toda clase de suspicacias, porque atenta contra los derechos constitucionales, sobre todo los que se refieren a la justicia, a la igualdad y a la libertad, porque este tratado impone unos privilegios a los que más tienen y no lo necesitan y nada dice de la libertad y seguridad del consumidor, ni articula ningún mecanismo que garantice la distribución justa y equitativa de las ganancias obtenidas de este comercio. Tampoco permite la participación ciudadana en la toma de decisiones lo que denota un abandono total de las responsabilidades de protección a la ciudadanía.
“Incide además en una política que permite que se reconozcan derechos a las multinacionales que acaban sufragando económicamente los distintos países si no se doblan a sus intereses y presiones, algo que ya conocemos demasiado en casos de nefasto recuerdo como son el Castor o las autopistas radiales. La acción de los lobbistas, que influyen sobre los grandes partidos, esconden oscuras intenciones e intereses que se acaban volviendo en contra de los ciudadanos, del interés público y de la generación de nuestras propias normas”, ha agregado Mulet.
La postura de Compromís pasa por unas políticas que defiendan a las personas sobre los intereses de multinacionales y grupos de presión y no al revés. “Por eso no podemos apoyar un tratado de tal calado, con tantas afecciones sobre nuestra economía”, explica, leyes sanitarias, ambientales, derechos excepcionales y decisiones adoptadas por tecnócratas. Las empresas -en buena parte filiales de americanas, que tendrán acceso a un mercado de 500 millones de personas, sus licitaciones públicas y servicios-, aportan pocas garantías en cuanto a la lucha contra el calentamiento global (impide regular el precio de la energía o cualquier ayuda a las renovables), hacia los derechos laborales o la salud (medicamentos, semillas, denominaciones de origen), transformando nuestra alimentación al aumentar las cuotas de importación sin aranceles a Canadá en el sector agrícola, lo que representa una seria amenaza a las débiles economías y pone en jaque a la economía local.
Un acuerdo como el CETA va a ser lesivo, limitante, perpetuador de injusticias e impedirá un mejor reparto del capital o la realización de políticas públicas o de precios frente a las pérdidas de 200.000 de puestos de trabajo en la UE y 20.000 en Canadá que se esperan. “Aunque sea por precaución, no debemos apoyar un tratado como éste, con tantas afecciones hacia los derechos, los principios de acceso universal a los servicios públicos, el conocimiento, la diversidad, sostenibilidad o la calidad”, ha concluido Mulet.