La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís, Mireia Mollà, ha registrado en Les Corts una proposición no de ley para instar al Ministerio Fiscal a reclamar los fondos del importe de la subvención electoral que recibió el Partido Popular paor las elecciones del 2007.
Según explica Mollà “el juicio por la financiación ilegal del PPCV en la Audiencia Nacional dentro del caso Gürtel está evidenciando que los populares gastaron en la campaña electoral de 2007 mucho más dinero del que declararon, con fondos negros que consiguieron fruto de una trama corrupta. Así lo han corroborado las confesiones de los empresarios que sufragaban gastos electorales del partido a cambio de contratos públicos, los cabecillas de la Gürtel e incluso el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, quien confesó que su partido se financiaba con dinero negro”.
El ex secretario general de los conservadores valencianos señaló directamente Francisco Camps como el responsable de este presunta financiación ilegal: “Las decisiones más importantes en aquella campaña las tomaba el presidente del PP, el señor Camps, que además era el candidato, si bien es cierto que contaba con el apoyo de un equipo que coordinaba la campaña que estaba dirigido por Vicente Rambla [ex vicepresidente del Consell]. Además, el arrepentido Ricardo Costa también explicó que “no había un presupuesto cerrado de la campaña. La decisión de encargar la campaña de Orange Market se produce por parte de Camps, me lo comunica Álvaro Pérez, aunque posteriormente tuve comunicación oficial”.
Según la parlamentaria de Compromís “la confesión del ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana conforma una inquietante fotografía de la corrupción sistémica que hemos sufrido los y las valencianas con los gobiernos de la derecha y confirma que un partido político jugaba, saltándose las reglas del juego democrático, con una clara ventaja. Los resultados electorales que obtuvieron ocultaban una maquinaria corrupta que iba en contra de las más elementales reglas del juego democrático y que comportó un saqueo sistémico y desvergonzado de los fondos públicos valencianos. La financiación ilegal del PP, confesado por Ricardo Costa, ante la Audiencia Nacional, supone directamente un ataque a la democracia”.
Según se desprende tanto del proceso del caso Gürtel como el de Taula, el PP jugó en las elecciones de 2007 con una ventaja de millones de euros recaudados en los bajos fondos de la corrupción y obtuvo unos resultados electorales a la altura del dinero negro que habían obtenido, gobernando en todas las instituciones autonómicas y provinciales valencianas.
“Es por ello que entendemos que es papel de la fiscalía incorporar en los procesos judiciales por la financiación ilegal del PP la reclamación al partido del retorno de las subvenciones cobradas como consecuencia de los resultados en elecciones en las que participaron dopados. Esta sería una buena fórmula para recuperar parte del dinero robado a los valencianos y valencianas por la corrupción del Partido Popular”, ha concluido Mollà.