El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha reclamado el archivo por caducidad del expediente del proyecto “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3” promovido por Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. (RIPSA) en las inmediaciones del Delta del Ebro. A juicio de la coalición valenciana “la autorización de un Proyecto de extracción de crudo de estas características “podría tener efectos muy negativos sobre el turismo y actividades como la pesca en caso de fugas durante el proceso extractivo, algo que no es infrecuente en la empresa promotora”, ha señalado Navarrete.
En este sentido la coalición, atendiendo a las peticiones de l’Aliança Mar Blava reclama la caducidad del expediente por haber excedido con creces los plazos legalmente previstos para su tramitación, ya que su Estudio de Impacto Ambiental se presentó en julio de 2015 y el documento de alcance data de 2014, y por suponer un evidente riesgo para zonas de alto valor ecológico, zonas de paso de aves y rutas de cetáceos y la necesidad de apostar por fuentes de energía renovables y limpias que no aceleren más el calentamiento global y cambio climático.
Navarrete ha recordado que “una catástrofe por vertidos de hidrocarburos en esta zona sería letal para la nuestra economía y podría tener impactos muy negativos que persistieran durante años. El Gobierno español debe aplicarse las recomendaciones de las autoridades como la del anterior Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía de la UE, Günther Oettinger, respecto este tipo de fuentes contaminantes por su riesgo y apostar por otra clase de energías”.
El senador valencianista sostiene además que el mar entre las Islas Baleares, Cataluña y el País Valenciano “no precisan de más sustos ni chapuzas como las que sacudieron a los vecinos del sur del Delta con el proyecto Castor y sus cientos de terremotos y ha recordado que la zona ya detectó actividad sísmica hace décadas en la fase de extracción de crudo de estos pozos”, por lo que ha reclamado que “una vez detectada de forma tan clara la inoportunidad de remover la geología submarina, el Gobierno debe desterrar de una vez este nuevo proyecto y apostar por fuentes limpias, la vida en el mar y una economía basada en un turismo cada vez más sostenible”.
La coalición ha presentado varias preguntas en las que interpela al Gobierno y al MAPAMA sobre si el estudio de impacto ambiental del proyecto de referencia, adoptada el 1 de octubre de 2014, mantiene su eficacia, pese a que han pasado casi 4 años desde su comunicación al promotor y al órgano sustantivo sin que se haya iniciado la evaluación de impacto ambiental ordinaria; si van a tener en cuenta el avance que ha tenido lugar en estos últimos años en el conocimiento científico y técnico, en materia de protección de espacios naturales en el entorno de actuación prevista en este proyecto y en el acervo disponible de directrices de organismos internacionales para la protección del medio marino, así como si van a declarar la terminación del procedimiento de evaluación ambiental que tramita con respecto al proyecto de referencia, con arreglo a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.