El Partido Popular no podrá introducir las líneas a dedo a los vicepresidente y miembros de gobierno de la Diputación. O como mínimo no lo podrá hacer si no quiere enfrentarse a una ampliación de denuncia y posible fraude de ley cada vez más evidente. El juzgado del Contencioso-Administrativo número cuatro de Alicante ha aceptado la solicitud de Compromís de mantener la causa abierta de una de las tres polémicas subvenciones a dedo de los vicepresidentes y miembros del gobierno de César Sánchez, el caso del municipio del vicepresidente Alejandro Morant. En el caso de La Nucía se mantiene también latente.
En el escrito de la jueza especifica que se procede “continuar el proceso por los trámites legales correspondientes, y por esto se da traslado a la Administración demandada para que conteste a la demanda en el plazo de cinco días…”
El Partido Popular, con el posible apoyo del Partido Socialista, había hecho público una propuesta de pacto donde se recorta un 40% la inversión con criterios objetivos como el poblacional o la densidad para crear un paquete de 7,3 millones de euros de subvenciones a dedo, la mitad de los cuales va destinado a resucitar las subvenciones ‘a la carta’ previamente judicializadas, y en el caso de Busot con resolución de suspensión cautelar.
A estas ayudas se sumaban otras sin ningún criterio de selección, sin justificación de la urgencia, sin ninguna Junta de Portavoces previa. Compromís acusó al PP y a los PSPV de haber negociado ayudas discrecionales de forma opaca y discriminando los pueblos, a expensas de reducir la inversión democrática. El acuerdo preveía por ejemplo que sólo entre dos municipios gobernados por el PP en la Marina Baixa doblaron la inversión que iban a recibir el resto de municipios de la comarca, el mismo que en l’Alacantí en el caso de Busot y Mutxamel, o restar dos millones de euros al reparto con criterios objetivos de la Marina Alta o un otro resto de 2,1 millones en el reparto por población en la Vega Baja.
Compromís había solicitado dejar de lado estas subvenciones e impulsar el pacto original que había sido modificado para incluirlas. Compromís opinaba que las causas se mantenían vigentes y que la propuesta de la Diputación podría incurrir en graves irregularidades. Cabe recordar que el propio portavoz del Partido Popular, Carlos Castillo, calificó como “ignorantes” a los diputados de Compromís para defender que el proceso continuaba abierto. El auto de la jueza de ayer por la tarde clarifica la situación.
Compromís ha anunciado que mañana ofrecerá una rueda de prensa para proponer una salida pactada que desbloqueo la situación y permita que como estaba previsto el próximo 23 de mayo se apruebe la inversión sostenible. “El tiempo de repartirse el dinero entre dos en un despacho oscuro ha acabado, reclamamos criterios justos para todos. No desfalleceremos, hace falta un reset total a la manera de repartir los recursos de la Diputación”, ha destacado el portavoz de Compromiso Gerrad Fullana.