Compromís ha anunciado que trasladará al Congreso la proposición de ley de financiación estatal del transporte, que se ha presentado hoy en Valencia y que busca regular la cobertura del servicio público por parte del Estado en favor de una movilidad eficaz, sostenible y de calidad.
Los concejales de Movilidad de València, Madrid, Barcelona, A Coruña y Zaragoza han explicado que la iniciativa plantea el traspaso de recursos a las entidades locales competentes en materias de transporte urbano y metropolitano, así como la creación de un régimen permanente de financiación dentro de las competencias legislativas y administrativas del Gobierno.
“El blindaje de la financiación del transporte atiende una reivindicación histórica de los Ayuntamientos y acaba con la discriminación que la ciudad de Valencia lleva años sufriendo con respecto a otras ciudades del Estado”, ha afirmado el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, en referencia al agravio comparativo en materia de financiación de la Empresa Municipal de Transporte valenciana.
Baldoví ha recordado que los presupuestos de este año han vuelto a poner a Valencia a la cola de las inversiones del transporte público con 10 millones de euros, frente a otros territorios como los 149 millones de Barcelona o los 126 millones de Madrid.
El portavoz de Compromís ha añadido que “no es posible que en un Estado descentralizado como el español, no exista una ley que regule, oordine y financie el transporte urbano. La financiación del transporte urbano no es una responsabilidad exclusiva de los ayuntamientos sino también de las Comunidades Autónomas y del Estado”.
Desde la coalición han destacado que esta proposición de ley impulsa una movilidad sostenible: “un derecho esencial de la ciudadanía”, además de disminuir las emisiones de CO2, y favorecer la estabilidad, eficiencia y flexibilidad de la red de transporte público.
Otro de los puntos que estimulan la aprobación de esta ley se debe al cumplimiento con la normativa europea donde el Estado Español debe contar con una ley estatal de financiación de transporte público. Una necesidad que Compromís ha defendido de manera reiterada a lo largo de la legislatura.