Compromís ha presentado en el Congreso y Les Corts una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a impulsar la normativa necesaria para dignificar las condiciones laborales de los riders y otros trabajadores de servicios ofrecidos a través de plataformas digitales.
En concreto esta iniciativa presentada por el diputado a la cámara baja Joan Baldoví y la portavoz adjunta en el Parlamento valenciano, Mònica Àlvaro insta al Gobierno de España a impulsar con carácter de urgencia una ley específica para regular las peculiaridades del trabajo realizado mediante plataformas digitales y aplicaciones móviles, a fin de poner fin a la actual relación de trabajo no mercantil y a la situación de proliferación de falsos autónomos que conlleva.
Según explica Àlvaro “para un sector importante de las plataformas digitales camuflar relaciones laborales haciéndolas pasar por mercantiles se ha convertido en el eje de su modelo de negocio, ya que, bajo la apariencia de la creación de nuevas empresas tecnológicas, las personas trabajadoras pasan a ser trabajadores intermediarios, etiquetados como autónomos, que son pagados por cada tarea completada, en lugar de ser empleados a través de contratos de trabajo regulares que incluyan una protección social”.
Hablamos de servicios de reparto de productos a través de plataformas como Deliveroo, Glover o Ubereats. Pero, también de plataformas que ejercen otras actividades, como pueden ser de transportes (Cabify y Uber), de limpieza o de otros servicios en el domicilio (Clintu, Flycleanners, GetYourHero, Mr.Jeff, Taskrabbit, Wayook.nes), de cuidado de personas dependientes (Aiudo, Cuideo, Cuidum, Interdomicilio) o de guías turísticas y agencias de viajes (Feel The City Tours, Frikitrip, Leaf.com, OGO Tours, Plan & Go, Sandema).
Como explica Baldoví “en última instancia, la falta de contratación regular, supone la pérdida de garantías y derechos legales en materia de jornada, salarios, periodo de descanso y permisos, vacaciones, salud laboral, y seguridad laboral. Lo que significa que estas personas trabajadoras están obligadas a seguir trabajando cuando están enfermas o se ven obligadas a dejar de tener ingresos en esas situaciones”.
Otra particularidad de este tipo de trabajo es que pueden ser fácilmente reemplazados por otras personas, dado que, al no estar organizados y al ser considerados autónomos de su trabajo carecen de poder de negociación hacia la plataforma para la que prestan el servicio.
Àlvaro recuerda que “diferentes sentencias han dictaminado que las personas trabajadoras de plataformas digitales deben ser reconocidas como personas empleadas. Así lo especificó la primera sentencia que se dictaminó en España por el juzgado social número 5 de Valencia que, consideró la relación entre los repartidores y la compañía como una relación laboral y no de transacciones entre autónomos y una empresa”.
“La pandemia de Covidi-19 —ha añadido Baldoví— ha puesto al descubierto la dependencia que la sociedad tiene de este trabajo, y ahora hay que enfatizar que las personas que lo desarrollan carecen en su mayoría de protección legal y laboral. La crisis económica post Covid que estamos presenciando afectará a los medios de vida en los próximos años de gran parte de la clase trabajadora, y si no se ponen las medidas necesarias de protección de los trabajadores y trabajadoras, se corre el riesgo de incrementar aquellas situaciones que ya son de por sí precarias”.
Por todo esto desde Compromís reclamamos que se elabore con urgencia el proyecto de ley para proteger los derechos de las personas trabajadoras de plataformas digitales, al que el gobierno central alguna vez ha hecho referencia. Del mismo modo con esta iniciativa parlamentaria se insta al Gobierno de España y al Consell a intensificar los controles y las inspecciones en este ámbito.
Finalmente los parlamentarios de Compromís han querido resaltar “la necesidad de ir más allá y profundizar en el desarrollo de otro tipo de modelo laboral que sea justo y respetuoso con los derechos de las personas que participan en él. Para asegurar que ninguna persona trabajadora sea forzada a ser precario o trabaje en intolerables condiciones sin protección social ni independencia económica”.