El diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en las Corts, Josep Nadal, ha presentado una iniciativa para que el parlamento valenciano inste al Consell a instar al Gobierno central a suprimir los derechos históricos y pasar a un modelo de pagos que permita que toda la superficie agrícola útil valenciana pueda ser perceptora de ayudas de la Política Agrícola Común (PEC) en igualdad de condiciones que el resto del Estado, “es decir, cobrar lo mismo por hacer lo mismo en cualquier parte del territorio”.
Según Nadal, “nos encontramos en pleno proceso negociador de la futura Política Agrícola Común. Actualmente estamos en un periodo de prórroga de dos años, ya que la anterior PAC tendría que haber finalizado en 2020, pero se alargará con esta prórroga hasta el 2023, momento en que entrará en vigor la que ahora se negocia. Y hay que estar muy pendiente de cómo evolucionan las negociaciones porque de su resultado se derivarán consecuencias económicas muy importantes para nuestro sector”.
“El modelo de pagos basado en los derechos históricos no ha reconocido por igual a la agricultura mediterránea que a la agricultura continental, que en el caso del País Valenciano sufre una doble penalización por la pequeña dimensión de sus explotaciones comparada en otros territorios. Este sistema de derechos de pago ha quedado anticuado en el territorio europeo, siendo el Estado español de los pocos que todavía conserva un sistema que limita el acceso a las ayudas a una determinada entrada histórica al sistema de cobro y que, además, no garantiza la igualdad de oportunidades, puesto que según cuando se haya adquirido el derecho, el pago es uno u otro produciendo desigualdades entre producciones iguales”, ha explicado.
La propuesta del Ministerio de Agricultura “es cambiar la existencia de estos derechos históricos injustos por la creación de un nuevo criterio para percibir las ayudas que se basaría en la superficie agraria, pero con la paradoja de mantener el statu quo prácticamente igual. Es decir, manteniendo las equivalencias actuales de los derechos con las futuras superficies elegibles, haciendo que en la práctica continúen cobrando las grandes superficies que acaparan los derechos, e impidiendo la entrada de nuevas producciones perceptoras”.
“De hecho, tenemos más del 40% de la superficie agraria útil sin derechos a recibir pagos directos, uno de los más altos del Estado, lo cual define un mapeo de tierras sin igualdad de oportunidades para recibir una ayuda por hacer lo mismo entre el País valenciano y otros territorios del Estado. Esta situación, que perjudica gravemente la igualdad de condiciones para dedicarse a la actividad agraria y que va en contra incluso de la aplicación de la Ley de Estructuras que las Corts aprobó por unanimidad, tiene una importancia clave para nuestro sector agrario y especialmente para que las personas que en esta tierra se dedican a la actividad agraria puedan tener un complemento a la renta comparable a la media que reciben en otros territorios por hacer lo mismo”.
“Porque nuestras agricultoras y agricultores son fundamentales para el mantenimiento de la soberanía alimentaria de nuestro territorio y del territorio europeo en general, así como del mantenimiento del paisaje mediterráneo y sus ecosistemas, hay que garantizar esa renta agraria a las personas que trabajan y producen en nuestros campos. Y para ello, también hay que definir muy bien la nueva figura del Agricultor Genuino (AG), como el agricultor o la agricultora que perciba unas rentas agrarias que suponen un mínimo del 5% de sus rentas totales. Y que queden exentas de la comprobación de Agricultor Genuino las personas que reciben menos de 5.000 € de pagos directos”, ha concluido el diputado Josep Nadal.