La negativa del Partido Popular de Carlos Mazón de no presentar la totalidad de facturas que acrediten el gasto correcto por parte de su grupo de 446.000 euros entre 2015 y 2018 sigue poniendo a la Diputación de Alicante bajo el foco de la sospecha.
Este miércoles la institución provincial debatirá en pleno hasta nueve puntos del orden del día, un tercio del total, relacionados con un asunto que colea desde 2015 y que la semana pasada vivió un nuevo episodio tras conocerse el resultado de la auditoria ilegal contratada a dedo por Mazón para no tener que presentar la totalidad de la facturación como sí hicieron el resto de partidos con representación institucional durante la pasada legislatura.
Dicha auditoria, a juicio de Compromís, demuestra que el vicepresidente de la institución y alcalde de Torrevieja del PP, Eduardo Dolón, certificó irregularmente hasta en seis ocasiones documentos para justificar que el dinero ingresado al partido era un gasto vinculado a la acción de los diputados de la institución alicantina, cantidad que ha servido para financiar -entre varias partidas- hasta en un 99,58% los gastos del partido (anualidad del 2016) o comidas no justificadas a lo largo de tres años por valor de, aproximadamente, 28.000 euros.
Compromís sumará los resultados de la auditoría a su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que se ha resuelto con la conclusión de que tanto PP como PSOE debían reintegrar en las arcas públicas un total de 61.000 euros (46.000 euros del PP y 15.000 del PSOE) ingresados en las cuentas de su partido.
“Son cuatro años de una huida hacia adelante del PP que no solo es un agravio comparativo con el resto de las formaciones sino una irregularidad flagrante en el marco de la financiación de los partidos. Tras dos años negando todo y amenazando con denuncias a la oposición, Carlos Mazón se lleva por delante la poca credibilidad que le quedaba al PP de Alicante y, lo más preocupante, sin importarle la degradación que está sufriendo el funcionariado al que usan como parapeto para justificar un trato de privilegios que no se concede a ninguna asociación, partido o entidad municipal”, ha considerado el portavoz valencianista en el ente provincial, Gerard Fullana.