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Compromís lamenta que el Consell apoye la ampliación del vertedero de Proambiente a pesar de la orden de paralización

Publicat el en Medi Ambient

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha lamentado hoy que “la Conselleria de Medio Ambiente dé el visto bueno a la ampliación del vertedero de Proambiente, a pesar de que esta planta tiene una orden de paralización por haber realizado, entre otras agresiones medioambientales, numerosos vertidos ilegales”.

Mollà ha realizado estas declaraciones después de que el Gobierno de Murcia haya autorizado la ampliación del vertedero, que se sitúa entre la población murciana de Abanilla y la pedanía oriolana de La Murada.

La diputada ha criticado que “a la ampliación de la planta en su vaso 3 aprobada por el Gobierno de Murcia se sume el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, que se desentiende de las denuncias que recaen sobre la planta y que provocaron que se le presentara una orden de paralización de actividad en octubre del pasado año y que esté siendo investigada por la Direccion General de Medio Ambiente de Murcia y por el Seprona”.

“Es vergonzosa la irresponsabilidad que demuestra la Conselleria con esta actitud, pues no hay justificación alguna para apoyar la ampliación de un vertedero sobre el que recaen unas acusaciones tan graves como el haber vertido de manera ilegal cerca de 120.000 toneladas de residuos sólidos urbanos”, ha añadido.

La diputada ha señalado también que “en la aprobación de la ampliación se incluye que el Seprona debe vigilar constantemente la planta para garantizar su correcta ejecución, una medida que demuestra la precaria situación de la planta y que supone un sobrecoste, ya que este servicio público no está incluido en los costes totales del vertedero”.

Mireia Mollà ha señalado que “la actividad ilegal del vertedero puede tener graves consecuencias para la salud de las personas y para el Medio Ambiente, puesto que los vecinos se exponen a posibles explosiones por metano, ya que son residuos tapados no tratados, asi como vertidos descontrolados de lixiviados que, de no actuar con urgencia, contaminarán los acuíferos”.

“La salubridad y protección ambiental no entienden de fronteras administrativas y, por tanto, el Consell no puede desentenderse de un problema que tiene graves riesgos para la calidad y seguridad de salud y alimentaria y es obvio que afecta a los vecinos de Orihuela, a los que no puede dejar abandonados”, ha concluido.