La diputada de Compromís Mireia Mollà ha asegurado hoy que “exigimos al Consell que nos indique en qué se ha gastado el dinero que recibió de la Unión Europea y del Gobierno central para financiar los cursos de formación a parados, pues el Gobierno valenciano debe a los centros de enseñanza de Alicante más de 34 millones de euros por este concepto”.
Mollà ha realizado estas declaraciones durante la reunión que ha mantenido con representantes de la Asociación Empresarial de Centros de Enseñanza y Formación de Alicante, y en la que también ha estado presente el coordinador de Compromiso por Alicante, Ignasi Bellido.
La diputada ha indicado que “no es sólo que la Generalitat no cree las condiciones para generar empleo, es que ha llegado al punto de no pagar a los centros de formación de parados, una situación que afecta especialmente a las mismas academias, que no pueden hacer frente a su actividad diaria, pero también a los más de 6.000 parados al año que tienen derecho a estos cursos”.
“El hecho es todavía más grave si tenemos en cuenta que la Generalitat ha recibido fondos finalistas por parte de la Unión Europea y el Gobierno central para financiar estos cursos, de forma que el Consell está obligado a aclarar cuánto dinero ha ingresado ya por parte de estas administraciones y qué ha hecho con ellos”, ha reclamado Mireia Mollà.
La diputada de Compromís ha señalado que “el Gobierno valenciano todavía debe a los centros de formación pagos correspondientes al ejercicio 2010, una situación que ha provocado el cierre de varias academias, que no pueden seguir avanzando el coste de la formación, y que ha supuesto también que se hayan devuelto más de un 30 por ciento de los cursos que habían sido adjudicados”.
Mireia Mollà ha apuntado que “desde Compromís vamos a seguir presentando iniciativas hasta que se resuelvan los impagos a los centros de formación y se aclare qué ha pasado con el dinero que tendría que haberse destinado a los cursos, pues en caso de confirmarse que estos fondos han sido desviados a otra actividad, estaríamos hablando de un fraude del Consell a la UE y el Gobierno central”.