El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha registrado una batería de preguntas escritas desde el Senado dirigidas al Gobierno Central, para que explique las gestiones hechas ante la Unión Europea y las responsabilidades que piensa exigir a los responsables materiales de la falsificación de estas cuentas.
Mulet ha remarcado que parece obvio y necesario el pedir responsabilidades personales a los autores materiales de este fraude, como ha anunciado el presidente de la Generalitat, y por eso ha pedido igualmente explicaciones y medidas al Gobierno Central.
Según relata el senador, el Consejo de Ministros ha aprobado que sea directamente la Comunidad Autónoma Valenciana quien con su maltrecha economía, se haga cargo de la multa de 18,93 millones de euros que la Unión Europea impuso en julio de 2015 a España, por la manipulación demostrada de los datos del déficit de esta comunidad autónoma entre los años 2008 y 2011.
Esa cifra, – según Mulet- supone, por ejemplo, más del 10% de todo el presupuesto autonómico para 2016, en una comunidad autónoma con un déficit serio de financiación, y una deuda histórica que superaría los 13.700 millones de euros. Estamos por lo tanto, ante un nuevo caso de la total impunidad de los dirigentes políticos que de manera irresponsable, temeraria, o incluso rozando la delincuencia, acaban malgastando dinero público, hipotecando a gobiernos futuros, que son los que han de heredar sus pifias y tropelías, y estos, los únicos responsables, no asumen en ningún caso la responsabilidad de su gestión.
El senador de Compromís añade en sus preguntas que “ Los responsables políticos valencianos no engañaron por lo tanto, únicamente a la Unión Europea, sino al propio Gobierno de España, que era quien tenía la obligación ante Europa de controlar el déficit de las administraciones públicas, a pesar de ellos, no se conocen cuales fueron los instrumentos de la administración central para controlar esta manipulación, ni tampoco medidas contra los responsables materiales de la falsificación; sólo ahora, con un gobierno autonómico progresista asentado, y con un gobierno en funciones que prepara las maletas éste último envía un regalo envenenado al nuevo ejecutivo valenciano, sin depurar responsabilidades personales en los autores materiales de este hecho deplorable.”
Es por ello que se ha preguntado al Gobierno en funciones por qué ha tardado 8 meses en resolver quién ha de pagar esta sanción, qué medidas de fiscalización tuvo el Gobierno Central desde 2008 a 2011 para evitar este falseamiento de cuentas. También se pide explicaciones por el hecho que puesto que los responsables de estos falseamientos no engañaron únicamente a la Unión Europea, sino que también al propio Gobierno, qué medidas ha adoptar o piensa adoptar contra los responsables materiales directos de este falseamiento.
Otras de las cuestiones inciden en saber qué medidas ha adoptar el Gobierno ante la Unión Europea después de conocerse esta sanción, y si piensa descontar el Gobierno esta cantidad de 18,93 millones de euros de sanción de la deuda histórica existente del estado hacia el País Valencià. Desde Compromís se valora igualmente el poder pedir la comparecencia ante la Cámara Alta de los responsables políticos de este incidente grave.