Según ha recordado el Síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, “el pasado 13 de enero el Pleno de Les Corts aprobó una proposición de Compromís que instaba a la Sindicatura de Cuentas a realizar un auditoría sobre la concesión y gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)”.
Tras ser informada por el parlamento valenciano de la resolución aprobada en el pleno la Sindicatura de Cuentas ha remitido un escrito al parlamento valenciano informando del Acuerdo adoptado dentro de este ente estatutario por el que se inicia la auditoría reclamada por Les Corts.
Según ha explicado Ferri “se trata de una auditoría que reclamamos desde Compromís en el año 2013 y que fue rechazada tanto por la mayoría absoluta que tenía entonces el PP en Les Corts como por la propia Sindicatura de Cuentas cuando se lo planteamos formalmente. Ahora por fin podremos poner la lupa sobre el negocio de la gestión de las ITV consecuencia de la privatización realizada por Eduardo Zaplana en 1997 con la que fueron beneficiadas empresas afines al PP”.
“La Sindicatura de Cuentas se ha avenido a realizar una auditoría sobre la gestión de las ITV con criterios de eficiencia, eficacia y economía desde que se privatizaron. Esta auditoría evaluará las concesiones, analizará las tarifas, realizará una estimación de los costes de la prestación del servicio mediante la gestión pública comparándolo con el modelo privatizado actual e incorporará otra comparativa con los modelos presentes en el resto de las comunidades autónomas”.
Para Ferri “detrás de la privatización de las ITV estuvo la intención del gobierno del PP de beneficiar al máximo a las concesionarias. Estamos ante otro negocio millonario para unos pocos que los valencianos hemos pagado muy caro y que ha perjudicado gravemente la competitividad de sectores como el del transporte y en general a las familias valencianas, porque hemos tenido que soportar durante una década las tarifas de ITV más altas de España”.
Según el portavoz de Compromís “las ITV son un ejemplo más de cómo la privatización de los servicios públicos son en realidad una estafa que perjudica gravemente a la ciudadanía para beneficiar empresas muy concretas cercanas al poder. Aprobaron condiciones muy ventajosas para las concesionarias, como la no gratuidad de la segunda inspección o la inclusión de la prueba de sonometría, con las que consiguieron unos ingresos extraordinarios que no han ido acompañados de un aumento del canon a pagar a la Generalitat. El negocio ha sido redondo a costa del bolsillo de los valencianos”.
“Estamos convencidos, vistas todas las pruebas sobre la privatización de las ITV que venimos acumulando durante años, que con la auditoría de la Sindicatura de Cuentas quedará evidente como las privatizaciones de los servicios públicos son en realidad una estafa que perjudica gravemente a la ciudadanía para beneficiar empresas muy concretas cercanas al poder”, ha concluido Ferri.