La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha revelado que, tras haber analizado el Informe de Auditorías correspondiente al año 2014, se ha llegado a la conclusión de que prácticamente todas las empresas y fundaciones valencianas públicas han incurrido en alguna ilegalidad.
El fraccionamiento de contratos, el abuso del procedimiento negociado sin publicidad para otorgar adjudicaciones o el pago de salarios sin autorización son algunas de las prácticas irregulares detectadas en estas empresas, y que, tal y como ha señalado la vicepresidenta, la Generalitat irá contra los responsables políticos “ a través de un procedimiento que alcance el Tribunal de Cuentas”
Por otra parte, Oltra ha anunciado que el Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a que presente ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que repercute al actual Consell el pago de la multa de 18,9 millones de euros, impuesta por la Unión Europea, por manipulación de los datos del déficit de la Comunitat Valenciana cometida por los anteriores responsables del Gobierno valenciano.
Esta manipulación supuso la no contabilización de gastos de Sanidad por importe de 1.891 millones de euros correspondientes al periodo 2008-2011, remitidos al Gobierno central entre enero y abril de 2012, que es quien ostenta la competencia de supervisión y remisión de las cifras de déficit a la Unión Europea.
Por tanto, Oltra considera que la decisión de repercutir la multa a la Generalitat es claramente contradictoria a los intereses de la Comunitat, máxime teniendo en cuenta que se deriva de hechos respecto a los cuales el Gobierno de España demostró una “grave negligencia” en el ejercicio de sus competencias y en sus funciones.