Ante los hechos revelados por ElDiario.es Compromís estima la existencia de una responsabilidad de tipo administrativo que puede llegar a ser penal por la vía del artículo 439 del Código Penal en cuanto negociación prohibida y abuso de sus funciones. La jurisprudencia reciente – la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón en su sentencia 085/2016, referente el caso del Vicepresidente Segundo de la Diputación Francisco Martínez, finalmente condenado- apunta a que la no abstención en caso preceptivo según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común y con beneficio directo a la posición patrimonial de un familiar puede ser constitutiva de delito por sí misma sin concurrir más requisitos.
En este sentido, Compromís considera poco sólida la defensa de César Sánchez en el sentido de que la mercantil PAVIOTA S.L. perteneciente a su suegra no obtendría beneficio patrimonial de la operación, en tanto que según la documentación aportada la mercantil conserva tras la expropiación 2.815 m2 adyacentes a la zona de las obras, con la consiguiente plusvalía urbanística; y que las parcelas con que se la compensaría en caso de realizarse las obras antes de 2019 corresponderían al mismo Polígono de Pou Roig en el que se encuentran las actuales parcelas y que en su conjunto vería mejorada su situación urbanística tras la realización de los trabajos. Incrementando por consiguiente un valor que muy probablemente podría ser superior en el mercado al valor de expropiación, con lo cual sí existiría conexidad con un incremento patrimonial de PAVIOTA S.L.. Así, existiría obligación de César Sánchez de abstenerse en dicha votación, indicios de nulidad e incluso de delito.
Ante todos estos indicios, Compromís impugnará el acuerdo para la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Calp por encontrar en él condiciones para su anulabilidad por vicios en el consentimiento e incluso vicios de nulidad absoluta por conexión con un posible delito. Asimismo presentará una denuncia ante la Fiscalía de Alicante para que investigue los hechos y su posible relevancia penal, sin descartar participar en el eventual proceso como acusación popular.
Finalmente, e independientemente de todo ésto se insta a César Sánchez a asumir su responsabilidad política y dimitir puesto que una institución como la Diputación debe estar por encima de intereses familiares y personales.
Compromís ha recordado que hasta el último minuto intento negociar con presidencia que se aprobara un calendario democràtico y tècnico de intervención en la N-332 y otras carreteras del Estado pero en todos los pueblos, priorizado por técnicos. Estas intervenciones son impropias de la Diputación, porque la competencia pertenece al Estado aunque dado el escaso nivel de inversión en la provincia podrian acometerse-remarca Compromís- siempre teniendo en cuenta todas la travesías. “Desde el principio ha existido un inusual interés en acelerar este proyecto, y ha sido una semana cargada de tensiones y amenazas ante el trabajo de fiscalización de Compromís”, remarcan des de la coalición. Compromís también ha informado que ya trabaja en una nueva propuesta técnica de inversión en carreteras con criterios técnicos y transparentes.
Compromís ha recordado además que en los últimos seis meses Sánchez ha aprobado una inversión partidista en su municipio de hasta 3.200.000 euros, un cifra que multiplica por mucho la media provincial. “Además del posible delito, hay un partidismo insoportable en la distribución del dinero público por parte de Sánchez”, ha destacato Compromís.