La diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías en las Corts Valencianes, Teresa Garcia, ha presentado una propuesta para que el Consell insto al Gobierno central a llevar a cabo las transposiciones de todas las directivas europeas, de manera completa e inmediata, en cuanto a la eficiencia energética.
Según Garcia, “los estados miembros de la Unión tienen la obligación de trasladar al ordenamiento jurídico español las directivas que se aprueban en la UE, y en el caso español las últimas directivas sobre eficiencia energética no se han trasladado correctamente. Pero más allá de nuestros compromisos con la Unión Europea, tenemos que comprender que la adopción de medidas de eficiencia energética implica un compromiso con el medio ambiente y con el desarrollo económico sostenible de nuestra sociedad”.
“Implantar la eficiencia energética es una oportunidad económica, puesto que la aplicación de este tipo de medidas generaría empleo estable, supondría un ahorro para la administración pública y las empresas, y reduciría nuestra dependencia energética asegurando el abastecimiento al mismo tiempo. En el contexto actual aplicar este tipo de medidas es la mejor estrategia. Y en esta línea, el Acuerdo del Botánico estableció la voluntad de crear un nuevo modelo productivo basado en el impulso de una transición ecológica que ponga especial atención en la eficiencia energética. Pero Madrid tiene que desarrollar legalmente lo que la Unión Europea le dice”.
“Así lo que pedimos en esta propuesta es que el Gobierno central haga, de manera completa, la transposición de las directivas de eficiencia energética a la legislación estatal. Una transposición que, a fecha de hoy, se ha hecho de manera parcial y testimonial para evitar las sanciones de la UE, dejando fuera aquellas competencias que son de ámbito autonómico y que permiten el ahorro de hasta un 30% aplicando estas medidas”.
“Como ejemplo, cuando el Gobierno del Cambio accedió a las instituciones en mayo de 2015, la Generalitat Valenciana consumía 69 millones de euros dentro de sus edificios. Y actualmente este consumo se ha reducido en dos millones de euros, gracias a la Conselleria de Economía y Sectores Productivos. Pero si además pudiéramos aplicar las medidas que se han dejado fuera de la transposición legal española, podríamos llegar hasta un ahorro de más de 20 millones de euros. Lo cual supondría liberar recursos que pueden dedicarse a rescatar personas o que pueden ayudar a la economía valenciana. En este sentido, insistimos en que si Madrid no hace los deberes, las comunidades autónomas siempre seremos rehenes de poder aplicar o no medidas que redundarían en una mayor sostenibilidad y en una economía más productiva en nuestro territorio”, ha concluido Teresa Garcia.