La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha reclamado hoy en Madrid una reforma urgente del sistema de financiación que acabe con la asfixia económica que sufren los valencianos y valencianas.
Ferrando, que ha participado en la reunión preparatoria de la próxima conferencia de presidentes, ha insistido en la necesidad de que el nuevo modelo tenga en cuenta el PIB y el porcentaje de población de la Comunidad Valencia para cumplir con los principios de solidaridad que recoge la Constitución.
La deuda histórica del Gobierno central con los valencianos es otra de las reivindicaciones de Compromís. El Estado adeuda transferencias por valor de 14.380 millones de euros durante el periodo 2002-2015, según el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas. Una infrafinanciación “injusta y flagrante” que ha reconocido incluso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La secretaria autonómica, que también se ha reunido en Madrid con el diputado de Compromís en el Congreso Ignasi Candela, ha instado al Gobierno a poner fin a la discriminación y al maltrato que coloca a los valencianos al borde del precipicio económico.
“No vamos a permitir que el Gobierno siga recortando los derechos de los valencianos y valencianas convirtiéndonos en ciudadanos de segunda”, ha afirmado Ferrando.
La secretaria autonómica ha avanzado que la reforma pasa por profundizar en la descentralización de los ingresos a través de una Agencia Tributaria Valenciana que asegure una gestión más eficiente de los tributos propios.
El contrato programa para financiar el servicio público de transporte, partidas destinadas a mejorar la red de Cercanías o la construcción de la T-2 son algunas de las demandas que Compromís pondrá sobre la mesa en el marco del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado 2017.
Clara Ferrando ha detallado, además, que aprovechará la conferencia del próximo martes para reclamar un tipo de interés cero en los préstamos del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), así como un reparto asimétrico de los objetivos de déficit que tenga en cuenta las competencias y el nivel de gasto de las administraciones públicas.