La diputada de Compromís en las Corts Valencianes, Marian Campello, ha presentado una propuesta para incluir en el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana la imposibilidad de exaltar o hacer mención en su denominación del nombre de dictadores, personas u organizaciones que hayan cometido crímenes contra la humanidad, tal y como se regula en la Ley de Memoria Histórica.
Según Campello, “cuesta entender cómo, con este marco de protección legislativa donde las exaltaciones ‘personales o colectivas’ de la Guerra Civil y de la dictadura no tienen cabida, nos encontramos con fundaciones legalmente constituidas como por ejemplo la Fundación Blas Piñar (fundada en 2014), la Fundación José Antonio Primo de Rivera (fundada el año 1996), la Fundación Ramiro Ledesma Ramos (fundada en 1999) o la Fundación Francisco Franco (fundada en 1976)”.
“En el caso de la Fundación Francisco Franco constan además diferentes subvenciones por parte del Ministerio de Cultura como 2.880.000 de pesetas en 2000 para la adquisición de equipos informáticos; 3.955.200 de pesetas también en 2000 para la contratación de personal y servicios externos; 18.000€ en 2002 para equipamiento informático, así como 4.500€ en el año 2003, de nuevo para equipamiento informático, entre otras subvenciones. En este sentido, también exigimos que se inicien las investigaciones adecuadas, y solicitar informe al Protectorado de Fundaciones del Ministerio competente, sobre las actividades presuntamente ilícitas llevadas a cabo por la Fundación Francisco Franco”.
“Además, hay que recordar que, según la ley de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y los incentivos fiscales al mecenazgo, aplicables a esta fundación, se permiten deducción al IRPF por donaciones. Quizás sería difícil imaginar una Alemania que bonificara en el IRPF las aportaciones a una Fundación Adolf Hitler, o una Italia que las bonificara a una Fundación Benito Mussolini pero, de momento en España, esto es posible”.
“Desde Compromís consideramos que es un hecho impensable que en un Estado democrático se permita la existencia de Fundaciones que, incluso con ayudas públicas, hacen apología de la dictadura de forma activa, ofreciendo servicios contra-ley o exaltando el nombre, figura y vida de personajes de nuestra historia, culpables de algunos de los episodios más oscuros y sanguinarios de los últimos tiempos”.
“Por eso es necesario promover la modificación del artículo 5 sobre denominaciones de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, para incluir la imposibilidad de exaltar o hacer mención del nombre de dictadores, personas u organizaciones que hayan cometido crímenes contra la humanidad en la denominación de las fundaciones de ámbito estatal, tal y omo se regula a la Ley 52/2007 del 26 de diciembre de Memoria Histórica”, ha concluido la diputada Marian Campello.