La diputada de Compromís, Marian Campello ha presentado en Les Corts una proposición no de ley con la que solicita que el Consell reclame al Gobierno de España que, mediante la inspección de trabajo, investigue las prácticas de las empresas de economía bajo demanda o gig economy.
Según explica Campello, el concepto “falso autónomo” forma ya parte de nuestro vocabulario habitual. Son personas dadas de alta en la Seguridad Social como pequeños empresarios que se autoemplean pero que desarrollan tareas de asalariado para un tercero que determina su salario, su volumen de trabajo e incluso su horario laboral sin capacidad de negociación de igual a igual y donde es la propia empresa intermediaria la que elabora la factura del autónomo, que este debe aceptar para poder cobrar.
“Recientemente se ha puesto sobre la mesa el fenómeno de la gig economy (pequeños encargos) con empresas que operan vía aplicaciones móviles, como ejemplo de funcionamiento con falsos autónomos que, poco a poco, se están organizando para reivindicar un cambio legislativo que reconozca sus derechos laborales y el reconocimiento de las tareas que desarrollan como repartidores bajo demanda como trabajo por cuenta ajena y no autónomo”.
Uno de los casos más flagrantes y que más revuelta laboral ha presentado en los últimos tiempos es el protagonizado por plataformas como Glover o la británica Deliveroo. Esta última parte como plataforma de contacto entre “autónomos” que ofrecen un servicio de reparto y empresas que necesitan de este servicio. El número de repartos por hora, el precio a percibir por cada pedido o el cese de la relación laboral no es sensible a negociación, siendo la plataforma intermediaria quien determina estos preceptos.
Según se denuncia desde Compromís la percepción por cada reparto es de unos 4€, la empresa garantiza 2 por hora, aunque al ser un acuerdo verbal no es vinculante y en muchas ocasiones se incumple. De estos 4€ hay que deducir la cuota de autónomo, el coste de la línea móvil y los datos (el teléfono es imprescindible para desarrollar el trabajo) y el desgaste del vehículo (en la mayoría de ocasiones bicicleta) además del combustible si este fuera el caso. La plataforma tampoco incluye ningún seguro para los transportistas o “riders” como si proporcionan otras apps, por ejemplo, de transporte compartido.
Para Campello “aunque esta nueva economía se muestra novedosa y realmente crea un nuevo espacio en la economía productiva tradicional, vemos como desgraciadamente también presenta antiguas prácticas precarias que empobrecen a las clases populares, en especial a las personas más jóvenes”.
El cuestionable concepto de flexibilidad laboral (el trabajador vive pendiente del móvil a la espera de una encomienda) hace que este trabajo sea difícilmente compatible con otros. Además, el aumento progresivo de la tasa de autónomos sobre unos ingresos tan reducidos hacen que la renta del trabajo que finalmente percibe el trabajador “no dé ni para vivir aún estando a jornada completa”, tal y como han relatado a Compromís los trabajadores organizados en la plataforma ‘Riders x Derechos’.
“Por ello -ha añadido la parlamentaria de Compromís- exigimos al gobierno central especial atención en las inspecciones a estos negocios, verificar la relación entre la empresa intermediaria y las trabajadoras y trabajadores autónomos, así como las sanciones de la empresa sobre el personal autónomo que trabaja para la misma, las libertades de negociación, horarios, servicios y precios de los autónomos que mantienen una relación laboral con estas empresas y el método de facturación entre empresa demandante de servicio, empresa intermediaria y autónomo”.
Compromís también insta al gobierno central a investigar sobre las medidas de salud y seguridad laboral que se dan en las empresas de trabajo bajo demanda y prestar, en coordinación con el IVAJ y el SERVEF un servicio de información, orientación y derechos laborales para luchar contra la precariedad en el trabajo en nuestro territorio.
Según Campello “también consideramos imprescindible un nuevo marco normativo estatal que regule esta nueva forma de relaciones laborales y determine los derechos de las personas que trabajan para estas empresas”.