Compromís llevará al próximo pleno de les Corts Valencianes una declaración institucional para que la Cámara Autonómica se posicione en contra de la multimillonaria indemnización a la empresa impulsora del depósito de gas Castor, contra lo “abusivo del importe” y contra la “injusticia del modelo de pago decretado por el Gobierno, por un mecanismo por el cual es la ciudadanía quien paga en su factura energética los errores y la negligencia en el proyecto”. Así lo ha anunciado la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Àlvaro, quien ha manifestado que “el objetivo de Compromís es aprovechar la sentencia del Constitucional, que declara la nulidad de la indemnización y del mecanismo empleado, para rechazar el pago y para, como mínimo, reclamar al Ejecutivo que el nuevo mecanismo que aplique no suponga un gravamen a la factura energética de los ciudadanos”.
Según Álvaro, “los responsables de los 400 terremotos que azotaron el Maestrat y los responsables de la pifia del Castor, cuyo juicio penal todavía se está instruyendo en los tribunales de Vinaròs, no son los ciudadanos, por lo que no deben ser las familias las que paguen la factura multimillonaria”. Además, ha añadido que “ante circunstancias como las actuales en las que miles de familias padecen pobreza energética, incrementar la factura del gas y la calefacción durante 30 años para pagar 4.700 millones -1.700 millones de indemnización y el resto de intereses- es una injusticia y una barbaridad”.
Desde Compromís recuerdan que “fue el Gobierno de Zapatero el que pactó una cláusula que blindaba la indemnización para la empresa, pasase lo que pasase; y ha sido el Gobierno del PP el que fijó los términos del pago para que lo abonasen los ciudadanos y el que fijó los mecanismos del pago anulado por el Constitucional”. Por ello, la propuesta de Compromís que se llevará al próximo pleno, pretende, “en la línea de la sentencia del Constitucional, que se recalcule a la baja el importe de la indemnización y que se busque un nuevo mecanismo de pago justo”.
La diputada de Compromís ha recordado que en 2013 las Corts Valencianes ya llegaron a un acuerdo unánime para paralizar el Castor y para reclamar el desmantelamiento. “El Gobierno hizo oídos sordos a esa exigencia unánime de les Corts, pero esperamos que ahora, y en cumplimiento del Constitucional, escuche la reclamación de les Corts y no sea la ciudadanía quien pague los platos rotos de las chapuzas de grandes empresarios y políticos sin escrúpulos”.