La diputada del grupo parlamentario Compromís, Marian Campello, ha registrado en Les Corts una serie de peticiones de documentación y preguntas parlamentarias sobre la relación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) con el director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Juan Carlos I, Enrique Álvarez Conde.
Según explica Campello “Álvarez Conde es el director del polémico máster de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la vez, según hemos conocido gracias a informaciones periodísticas, ha formado parte de múltiples tribunales de selección de la Universidad Miguel Hernández. Consideramos injustificable la presencia constante de Álvarez Conde en los procesos de selección de profesorado de la Miguel Hernández, toda vez que en la vecina Universidad de Alicante y en el resto de universidades públicas del territorio valenciano hay departamentos de Constitucional prestigiosos con los que hubiera podido contar para realizar los procesos de selección”.
“Todos los detalles en torno a este caso hacen muy mal olor, Álvarez Conde es pareja de la Catedrática de Derecho Constitucional de la UMH, Rosario Tur, una de las docentes que calificó con un excelente a Cristina Cifuentes en una asignatura que se impartió antes de que la Presidenta de Madrid se matriculara en el máster. Asimismo Álvarez Conde examinó a su pareja, Rosario Tur, en el tribunal que la nombró catedrática en la UMH, situación que sería ilegal y ya se investiga en esta universidad de Elche”.
Según explica Campello “Rosario Tur también fue parte del tribunal que calificó la tesis doctoral del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, en la UMH, un proceso que también presenta muchas dudas. Además las instituciones públicas valencianas bajo el mandato del PP encargaron a Álvarez Conde un seminario y una publicación”.
Es por ello que entre la batería de peticiones de documentación de Compromís sobre este caso también se incluye la copia íntegra de la tesis doctoral de Francisco Camps, los pagos de los trabajos encargados a Álvarez Conde y la relación de facturas, convenios, trabajos de asesoramiento y seminarios y su coste económico realizados entre la Generalitat Valenciana, Las Cortes Valencianas o sus órganos estatutarios y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
“Estamos ante un cruce de intereses entre dos universidades que fueron fundadas bajo gobiernos del PP que debe ser esclarecido. Es injustificable que se use a las universidades públicas con objetivos políticos y personales oscuros que hunden su credibilidad”, ha concluido Campello.