El grupo parlamentario Compromís ha presentado una proposición no de ley en Les Corts con la que insta al gobierno central que, mientras se produce el cierre definitivo del Centro de Internamiento para Extranjeros de Valencia, el ministerio del Interior elabore un informe de periodicidad anual sobre el estado de sus instalaciones y los servicios a los internos que se han llevado a cabo en el centro, cuyo contenido sea público.
Según explica la diputada de Compromís y portavoz de Derechos Humanos en Les Corts, Cristina Rodríguez, “la existencia de los CIE ha provocado rechazo entre la ciudadanía y cada vez son más las voces que piden cerrarlos como respuesta a las denuncias reiteradas que han hecho varias organizaciones en defensa de los derechos humanos a raíz de las vejaciones, opacidad, agresiones y falta de celo en las medidas de custodia sobre personas que no han cometido ningún delito”.
Por citar sólo dos casos recientes, en 2019 tenemos que lamentar la muerte en julio del joven Marouane Abouobaida, en circunstancias aún por esclarecer. Desgraciadamente, también en diciembre de ese año, hemos conocido el caso del venezolano R.Y, internado en el CIE de Zapadores. El joven, con el VIH, grabó unas imágenes con su móvil en las que denunciaba las “condiciones inhumanas del centro”.
Cuatro años antes de estos hechos, y recogiendo el clamor de la sociedad valenciana organizada por el cierre de los CIE, el pleno de las Cortes Valencianas ya aprobó en su sesión del 15 de octubre de 2015 una resolución a propuesta de Compromís y sin la oposición de ningún otro grupo parlamentario que declaraba nuestro territorio zona libre de centros de internamiento de extranjeros y que instaba al gobierno a iniciar el proceso de cierre de los centros de internamientos de extranjeros.
“Desde Compromís -ha añadido Rodríguez- seguimos exigiendo el cierre de los CIE y mientras este cierre reclamado por la sociedad se produce instamos al gobierno de España a elaborar informes anuales sobre el CIE de Zapadores en València para acabar con la opacidad que el ejecutivo central mantiene sobre este tipo de centros”.
Como se detalla en la iniciativa parlamentaria de Compromís este informe deberá contener, al menos, las siguientes informaciones: número de personas internas desglosado por país de origen y género; motivo del internamiento; días de estancia de cada persona interna; número de agentes policiales que trabajan en el centro; descripción y dotaciones personales y materiales del servicio de asistencia médica y sanitaria así como de los servicios de asistencia social con que cuenta el centro; servicios de abogacía e interpretación hechos durante el año; descripción de los protocolos específicos seguidos con las mujeres internas; número de acompañamientos hechos por organizaciones no gubernamentales, así como la implementación del resto de medidas que se hayan llevado a cabo para salvaguardar los derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento jurídico a las personas extranjeras internadas.