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Compromís denuncia que una empresa de la Generalitat no permite ser auditada

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  • Ferri: “Bonig tiene que responder porque no se permite auditar a la empresa del IVVSA Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.”

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Compromís, Fran Ferri, ha denunciado hoy que la carencia de información financiera sobre la empresa Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L impide, según la Intervención General de la Generalitat, evaluar el impacto sobre las cuentas de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (antiguo IVVSA).

Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L, con un 51% de participación pública, es una de las empresas mixtas promotoras de operaciones inmobiliarias creadas en 2004 por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco y la única que actualmente continúa existiendo con una mayoría accionarial pública. Como tal, según la Ley de Hacienda Pública Valenciana, se encuentra sujeta en las obligaciones de control y auditoría de la Intervención General.

El diputado de Compromís ha denunciado que en los últimos dos ejercicios (2012 y 2013) la Cuenta General no cuenta con los informes de auditoría de esta sociedad. En el informe del ejercicio 2012 –con fecha de julio de 2013- la empresa auditora Audit Iberica, S.A hace constar la imposibilidad de recabar la información necesaria: “Con fecha 13 de mayo de 2013 se remite burofax a la entidad a auditar comunicando nuestro nombramiento como emprendida auditora colaboradora de la intervención, y en el cual solicitamos la relación de documentación a preparar, sin que a fecha actual se nos haya facilitado documentación alguna”. Sobre el ejercicio 2013 la Cuenta General facilita un documento con el siguiente mensaje: “A fecha actual no se ha emitido el informe correspondiente a esta entidad”.

Para al diputado de Compromís “la consellera Bonig tiene que explicar porque una empresa que se encuentra bajo su responsabilidad y que tiene el domicilio social en la sede de la IVVSA, hace dos años que no está sometida al control de la Intervención General, tal y cómo marca la ley. Estamos ante un nuevo caso de opacidad y descontrol en la gestión del Partido Popular que genera dudas sobre las cuentas de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente”.

“Exigimos explicaciones y transparencia. Estamos hablando de una empresa creada por Rafael Blasco en el contexto de la burbuja inmobiliaria y la corrupción urbanística y sobre la cual la consellera Bonig no es capaz ahora de remitir cuentas a la Intervención General. Los valencianos y valencianas continuamos pagando la hipoteca de un modelo fracasado y ni siquiera podemos conocer el tamaño de los agujeros que nos deja el PP”, ha concluido Ferri.