Ante la grave situación económica y política que padece la comunidad autónoma valenciana, debido a los elevados índices de corrupción, opacidad, gastos impropios, y escaso nivel democrático, además de padecer unos niveles de financiación inferiores a lo que todos los estudios califican como equitativo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo una serie de acciones que reviertan el panorama expuesto con el fin de que la economía valenciana se recupere y los corruptos sean sometidos con celeridad a la justicia y los valencianos recuperen la democracia, mediante la ejecución de las siguientes acciones:
El adelanto del Fondo de Competitividad a la Comunidad Valenciana, con el fin de que los Presupuestos de la Generalitat para el 2015 se adapten en mayor medida a la realidad de ingresos previstos.
Impulsar las modificaciones normativas necesarias para que la Generalitat Valenciana pueda recaudar el Impuesto Autonómico sobre Depósitos Bancarios, cuya recaudación a pesar de no estar prevista legalmente ha sido incluida como ingresos en los Presupuestos de la Generalitat para el año 2015.
La elaboración de una auditoría relativa a los costes de los servicios públicos transferidos a la Generalitat Valenciana y las cuantías aportadas por el Estado para su financiación desde que fueron transferidos, que calcule la deuda histórica generada y establezca un plan de pagos y devolución.
Llevar a cabo una auditoría ciudadana y pública que revise el modelo de privatización de los servicios públicos de la Generalitat Valenciana, en especial el modelo de conciertos en el ámbito sanitario, que aporte luz sobre sus costes económicos, las deficiencias del modelo y los incumplimientos de los pliegos, con el fin de permitir su reversión sin que suponga coste económico alguno para las arcas públicas.
Ponga solución a la escasez de jueces y magistrados de manera urgente garantizando el incremento y refuerzo de la plantilla especialmente de aquéllos que se ocupan de los múltiples casos de corrupción cuya tramitación judicial ha recaído en el ámbito de la comunidad autónoma valenciana, junto con la facilitación de todos los medios humanos y materiales que permitan garantizar el buen funcionamiento de la justicia.
Acordar el compromiso público de no indultar a ningún político valenciano condenado por delitos relacionados con la gestión del dinero público o la recaudación como es el fraude fiscal ni llevar a cabo gestiones desde el Ministerio de Interior dirigidas a otorgar el tercer grado.
Impulse una normativa que garantice el derecho de información de la ciudadanía mediante la garantía de emisiones plurales y veraces, vetando las directrices políticas partidistas y prohibiendo el control ideológico de las informaciones vertidas, garantizando el libre ejercicio de la profesión periodística. Normativa cuyo ámbito de aplicación sea la totalidad del Estado, al afectar a un derecho fundamental, impidiendo el uso de medios de comunicación públicos como mecanismos de propaganda partidista, como se pretende desde la Diputación Provincial de Valencia a través del alquiler de las emisiones de Televisión de ámbito autonómico.
Acuerde llevar a cabo una auditoría pública relativa a la gestión por el Consell de la educación concertada, a la vista del informe de la Intervención General y de la denuncia interpuesta por la fiscalía anticorrupción.
Acuerde impulsar junto con los agentes sociales un plan de reindustrialización de la economía valenciana desde el apoyo a la formación, la innovación y la internacionalización que haga frente al elevado desempleo, economía sumergida y precariedad impulsando el cambio del modelo productivo.
Impulse la aprobación normativa que impida el cobro de tasas por la utilización de servicios públicos destinados a las personas en situación de discapacidad o dependencia.
Establezca los medios necesarios para garantizar el uso del valenciano en las instituciones públicas dependientes del Estado.
Establezca la prohibición de limitar el acceso a los medicamentos por parte del Consell en base a un criterio económico relativo a su coste, obligando al acceso inmediato a los medicamentos de última generación para las personas que padecen Hepatitis C.
Acordar garantizar una concesión de agua de buena calidad del río Xúquer para la producción de agua potable a las comarcas de la Ribera, ejecutar las medidas necesarias para revertir el deterioro cualitativo y cuantitativo de las masas de agua subterráneas y superficiales en las demarcaciones hidrográficas del Júcar y del Segura, y garantizar los recursos hídricos necesarios -en cantidad y calidad- para revertir la situación actual de deterioro del Parque Natural de l’Albufera.
Acuerde declarar Castellón zona libre de fracking por riesgo ambiental.
Acuerde impulsar la modificación normativa necesaria con el fin de recuperar la exención fiscal del Impuesto de Sociedades a las entidades e instituciones sin ánimo de lucro con facturaciones inferiores a 100.000 euros, en los términos previstos hasta la aprobación de la Ley 24/2014.
Acordar el rescate de la gestión de la AP7 garantizando su absoluta gratuidad.
Acordar el cierre definitivo del Centro de Internamiento de Extranjeros sito en Zapadores, Valencia, con el fin de evitar nuevos casos de maltrato a inmigrantes y garantizar la protección de los derechos humanos.
Acordar el incremento de las ayudas a la agricultura valenciana, de manera que se detenga el abandono de tierras cultivadas, se asegure la continuidad generacional de los agricultores y se defienda la competitividad de los productos en el mercado único europeo y otras zonas de exportación.
Impulsar un plan de prevención de la nueva plaga que afecta a los cítricos, Trioza erytreae, que ha comenzado a aparecer en cultivos de Galiza, para frenar su posible expansión a la costa mediterránea y evitar el impacto económico que podría provocar.
Acordar el cierre definitivo de la central Nuclear de Cofrentes junto con un plan de inversiones para la comarca de la Vall d’Aiora basado en la sostenibilidad y la creación de empleo.
Acordar el traspaso de la gestión de los aeropuertos a la Comunidad Autónoma junto con el traspaso de la gestión de la red de trenes de cercanías y regionales dentro del territorio valenciano incluyendo en la negociación la financiación para vertebrar el territorio, mejorar y en su caso ampliar la red, como las líneas Castelló-Vinaròs, Xàtiva-Alcoi y Gandia-Dénia-Oliva.