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Isaura Navarro: “Con esta ley pondremos punto final a una etapa en la que lo sufragado con dinero público era vendido como un acto personal o de partido”.

El grupo parlamentario Compromís ha presentado una proposición de ley en Les Corts sobre publicidad institucional con la que pretende evitar el uso partidista de este tipo de publicidad sufragada con dinero público. Se trata de una iniciativa que ya fue presentada al final de la pasada legislatura pero que decayó antes de que pudiera ser debatida.

Según ha señalado la diputada de Compromís, Isaura Navarro, “hemos podido comprobar como hasta ahora la publicidad institucional promovida por los poderes públicos ha sido utilizada en reiteradas ocasiones como instrumento propagandístico de los partidos políticos en el poder”.

La publicidad institucional tiene que ser un instrumento de difusión de información relevante para la ciudadanía, para dar a conocer de sus derechos, prevenir riesgos o proteger su salud y no una vía de propaganda partidista a costa del dinero de todos.

“Por tanto, desde Compromís, consideramos necesario abordar una reforma de la ley autonómica que regula la publicidad institucional, actualizándola a la realidad actual de nuestro territorio y dando solución a los vacíos legislativos existentes”.

Con la aplicación de la ley que ha presentado Compromís se eliminarían gastos en publicidad que nada aportan a la ciudadanía y suponen un elevado coste económico, como “la creación, difusión o mejora de la notoriedad e imagen de las instituciones gubernamentales y de las administraciones públicas”, prácticas que quedarían vetadas con el fin de que ningún partido pueda instrumentalizar para sus intereses esta herramienta de difusión sufragada con dinero público.

Igualmente queda vetada la posibilidad de aprovechar los instrumentos públicos para hacer propaganda del cargo o institución, como son los “saluda” o la aparición de cargos públicos en la propaganda institucional.

Con el mismo objetivo se prohíbe cualquier campaña o acto institucional que se lleve a cabo no sólo durante el período oficial de campaña electoral, sino que desde el momento en que se hace pública la fecha de la convocatoria electoral.

Esta ley prohíbe actos de inauguración o puestas de primeras piedras que suponen un uso partidista de promoción personal o de partido a costa de las infraestructuras o servicios que por definición son colectivos por estar sufragados con dinero público. Así se pretende evitar la proyección de infraestructuras o servicios en función de la rentabilidad electoral y centrar las decisiones sobre nuevas infraestructuras o servicios en su utilidad pública, además de suponer un importante ahorro dentro de los parámetros de buen gobierno.

La proposición de ley incluye un régimen sancionador, inspecciones y la creación de un Consejo de Control de la Publicidad Institucional, con un miembro propuesto por cada grupo parlamentario, dos designados por el Colegio de Publicistas y Relaciones Públicas de la Comunitat y cuatro ciudadanos elegidos entre los propuestos por asociaciones de consumidores, por universidades públicas de comunicación y entre ciudadanos que cumplan determinados requisitos.

Esta iniciativa de Compromís plantea también que se determinen los medios de difusión de estas campañas con proporcionalidad a las audiencias o lectores, en base a criterios independientes y objetivos como el Estudio General de Medios (EGM).

“Si conseguimos su aprobación en el parlamento valenciano con esta ley pondremos punto final a una etapa en la que lo sufragado con dinero público era vendido como un acto personal o de partido. Se acaba con los actos de colocación de primeras piedras e inauguraciones de lucimiento personal que nada aportan a la ciudadanía y solo pretenden buscar la foto”, ha concluido Navarro.