La vicepresidenta del Consell i consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que el País Valencià “está preparado para recibir a las personas refugiadas que cada día llegan a las costas de Grecia”. Además, ha manifestado su deseo de que “las instituciones nacionales y europeas dejan de mirar hacia otro lado” ante esta grave situación que se ha convertido en la crisis de refugiados más grande desde la II Guerra Mundial.
La vicepresidenta ha explicado que actualmente “están preparadas las infraestructuras necesarias para recoger a 1.400 personas ya, entre albergues gestionados por la Conselleria, instalaciones de las ONG y viviendas cedidas tanto por particulares como por parte de entidades bancarias que se han comprometido a poner a disposición de esta causa viviendas vacías por un plazo de cinco años.
Además, ha señalado que toda esta infraestructura “sólo está a la espera que el Gobierno de España, que es quién tiene las competencias en materia de política exterior, autorice a la Generalitat para que pueda iniciar el traslado mediante el buque puesto a disposición de forma altruista por la empresa Balearia, con capacidad para 1.100 personas en cada viaje”.
Por otro lado, Oltra ha dado cuenta de los informes desfavorables al convenio con el Gobierno central –que los fue remitido hace más de un mes– y los acuerdos declarativos con las dos regiones de la Egeo, remitidos por el Ejecutivo en funciones al gobierno autonómico mientras la delegación del Consell se encontraba ya en Grecia, ha declarado que el Gobierno de España “no tiene ninguna voluntad política de mover un dedo porque las personas refugiadas puedan llega” a este país “.
Así mismo, ha remarcado que los documentos firmados durante este viaje con los gobiernos regionales del Egeo Norte y Sur” son solamente una declaración de intenciones en los cuales se plasma la voluntad política de actuar y dar visibilidad en esta situación, pero sin validez jurídica”.
Oltra ha apelado a la unión de las diferentes comunidades autónomas interesadas en promover acciones conjuntas dirigidas a “presionar desde el punto de vista político a ciudadanos tanto en el Gobierno como directamente a las instituciones de la Unión Europea para que cambian su política de acogida”.