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Igualdad supera por primera vez los 1.000 millones de presupuesto para inversión social y sitúa el gasto en 210 euros por habitante

Publicat el en En castellano

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha presentado los presupuestos de su departamento para 2017, que experimentan un incremento del 7,1%, hasta llegar a los 1.048 millones de euros, lo que eleva la inversión social por habitante en la Comunitat Valenciana a los 210 euros, muy cerca de autonomías mejor financiadas, como Andalucía o Madrid.

Oltra, ha sido la primera representante del Gobierno valenciano en comparecer en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts para dar cuenta sobre los Presupuestos de la Generalitat para 2017 que, en el caso de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, crecen en 70 millones de euros, logrando el mayor incremento de las políticas sociales del conjunto del Consell.

El aumento de este año, sumado al del 17% que se produjo en 2016, supone una subida acumulada del 24%, “muy por encima del resto de secciones presupuestarias, lo que demuestra que la prioridad del Govern del Botànic es rescatar personas”, y por ello la inversión en políticas sociales ha alcanzado los 210 euros por habitante, “acercándonos así a comunidades, como Madrid o Andalucía, que están mucho mejor tratadas por el actual sistema de financiación que castiga al pueblo valenciano”, ha explicado.

La vicepresidenta ha destacado que, un año más, las prestaciones de la Dependencia se han incrementado, hasta alcanzar los 247,24 millones de euros, y lo mismo se ha hecho con la Renta Garantizada de Ciudadanía, que cuenta con 41,09 millones de euros. Además de otorgar a ambas la consideración de crédito ampliable, que se extiende a las ayudas para acogimiento y para mujeres víctimas de violencia de género.

En su comparecencia, ha defendido el uso de esta fórmula que permitirá contar con más fondos de los presupuestados si son necesarios, de aquí a final de año, y ha añadido que si tiene que elegir entre “incumplir la ley de Estabilidad e incumplir la ley de Dependencia” ella prefiere incumplir la primera, “a no ser que la Comunitat Valenciana obtenga el sistema de financiación que le corresponde”.

“Si los presupuestos de 2016 fueron el final de los recortes practicados por el antiguo gobierno, estos de 2017 serán los de la consolidación de las políticas sociales y el inicio del cambio de modelo, pasando de la mercantilización y la arbitariedad a la universalidad, el municipalismo y la garantía de derechos”, ha afirmado la vicepresidenta y consellera de Igualdad.

Oltra ha señalado que un ejemplo de recuperación de lo público que la Conselleria está haciendo a través del municipalismo es el incremento del 101% que ha experimentado el presupuesto destinado este año a entidades locales para mejorar la atención a la dependencia con un refuerzo de los equipos bases, y que permitirá a los ayuntamientos seguir contratando nuevos profesionales para los equipos.

En esta misma línea, se incrementa en un 62,17% la aportación al Plan Concertado para la financiación de Servicios Sociales Generales, hasta los 52,17 millones de euros, lo que permite “iniciar la implantación de la planificación del nivel de atención social primaria a la Comunitat Valenciana”, que implicará la integración en los servicios sociales de los servicios municipales de atención a la dependencia.

Las líneas nominativas para ayuntamientos también crecen en la Dirección General del Institut Valencià de les Dones, que se dotan con 1,9 millones de euros para la municipalización del servicio de agentes de igualdad Infodona, que hasta ahora se prestaba a través de una empresa privada, y que a partir de 2017 se reconvierte en una nueva red que será “un elemento activo relevante como servicio de proximidad”.

La política de lucha contra la violencia de género también tiene reflejo en el presupuesto, con un aumento en la línea de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género hasta los 600.000 euros y 11,9 millones de euros para gestión de centros, con los que se pretende “revertir el sistema de protección a estas mujeres, de manera que garantice sus libertades y derechos” y las de sus hijos.

‘Queda’t a prop’

La vicepresidenta también ha destacado que el presupuesto recoge igualmente la apuesta de su Conselleria para reordenar el sector residencial de personas mayores, a través del plan Queda’t a Prop, y añadido que para ello este año se han presupuestado 64,7 millones de euros para la concertación de 3.300 plazas y 30,17 millones para la financiación de plazas públicas municipales, 547 en residencias y 137 en centros de día.

A estas cuantías, se suman 3,1 millones de euros para el mantenimiento de 41 centros residenciales, entre los que se encuentran las obras de las residencias de Benidorm, Torrent, Elda, Lledó en Castellón, Manises, Borriana, Velluters y Pintor Sala en Valencia, así como el proyecto para la construcción de un nuevo centro en la localidad de Sant Mateu.

En su comparecencia, también ha destacado el esfuerzo que se está haciendo en materia de dependencia, donde además de dar a la partida la consideración de crédito ampliable, se está trabajando para reducir una lista de espera que el gobierno antiguo dejó con 45.000 personas, y que el Consell del Botànic, ha reducido en 13.000 personas en un año.

Oltra ha destacado el incremento del 5 por ciento en el capítulo I, relativos a gastos de personal, y que se eleva hasta los 98,37 millones de euros y que, además de permitir cumplir los acuerdos retributivos a los que se ha llegado con las entidades sindicales, “dan respuesta a algunas de las necesidades históricas de la Conselleria en materia de personal”, como la que hace referencia al Servicio de Inspección.

En este sentido, ha recordado que cuando se produjo el cambio de gobierno este departamento contaba con 7 inspectores e inspectoras, que a lo largo de 2016 se incrementaron hasta 9, y que con el presupuesto de este año se aumentara en 10 nuevas plazas la plantilla actual, “cumpliendo por primera vez la ratio establecida por ley y también la resolución aprobada por Les Corts en el pasado Debate de Política General”.

Este incremento del capítulo I también permitirá ampliar con 40 nuevas plazas funcionariales los servicios encargados de gestionar la dependencia, asumiendo así la tarea que se hacía desde el Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) a través de una encomienda de gestión que finaliza este año; y reclasificar las plazas de los servicios territoriales y de los centros, ampliando la jornada de 36,15 a 38,45 horas.

Esta reclasificación, ha explicado, “implica una equiparación salarial con el resto de funcionarios de los servicios centrales, poniendo fin a una discriminación histórica que padecía un colectivo de aproximadamente 1.800 personas, altamente feminizado y con una fuerte presión asistencial” y mejorando el servicio, ya que se evitará la rotación de personal y la falta de cobertura de algunos puestos peor clasificados.

La Dirección General de Infancia y Adolescencia, de nueva creación este año, registra un incremento del 10,4 por ciento en el presupuesto para estas políticas, que alcanzan los 119,4 millones de euros, y entre los que destacan los 75 millones de euros para gastos de funcionamiento que permitirán mejorar las ratios y la capacitación de los profesionales que atienden a los niños y niñas que se encuentran en acogimiento familiar.