El Pleno de Les Corts debatirá este próximo miércoles una proposición no de ley de Compromís por la que se instan al Consell a que reclame al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que modifique la política de restricción al empleo público estable y de calidad que los servicios a la ciudadanía requiere, procediendo a eliminar la tasa de reposición de efectivos que está lastrando y precarizando la función pública.
Según explica el diputado de Compromís, Paco García Latorre, “los puestos de trabajo ofrecidos por las administraciones locales valencianas han caído en el último lustro un 87% como consecuencia de las limitaciones al empleo público impuestas por el gobierno de Mariano Rajoy desde el año 2012. Este planteamiento político sólo ha conseguido reducir la calidad y los servicios a la ciudadanía, generando precariedad, lo que hace necesaria un llamamiento para que el Gobierno de España promueva un cambio urgente en la legislación que permita cubrir vacantes, reducir interinidades y garantizar la prestación de servicios de calidad”.
Organizaciones políticas, sindicales y profesionales del sector público venimos denunciando que desde el comienzo de la llamada crisis económica actual, cuyas causas tienen su origen en decisiones políticas contrarias a la intervención pública para corregir el modelo productivo, uno de los elementos afectados ha sido el empleo público, que en el País Valenciano ha significado una reducción de 1.000 empleos de media por año.
En las administraciones locales del País Valenciano, las restricciones políticas al empleo, y en concreto al empleo público de carácter permanente (personal laboral indefinido o funcionarios de carrera) tienen consecuencias nefastas.
“La Administración local -ha añadido Garcia Latorre- no tiene capacidad legislativa, y su autonomía (aunque predicada constitucionalmente) es realmente menor que la del resto de niveles administrativos básicos. Esto se traduce en la práctica que los controles coercitivos que padece, vía supervisión de la Delegación del Gobierno, inciden más en las restricciones normativas al empleo público que en el resto de administraciones territoriales”.
En definitiva, el nivel de empleo público estable en la Administración local valenciana ha caído drásticamente sin reponer suficientemente los efectivos necesarios para garantizar la prestación de los servicios mediante empleo de calidad y con independencia y profesionalidad acreditada a través de procedimientos de pública concurrencia y mecanismos selectivos adecuados.
“El aumento de la temporalidad, la privatización de servicios o su disminución son las consecuencias de este proceso de destrucción de empleo público estable. Por todo esto esperamos que el parlamento valenciano apruebe este miércoles esta iniciativa y logremos revertir esta situación que tan negativamente está afectando a los servicios públicos que recibe la ciudadanía”, ha concluido el diputado de Compromís.