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Enmienda a la Totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2015

Publicat el en En castellano

Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 fundamentan su marco normativo en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), con el apoyo de su partido y del principal partido en la oposición en ese momento, el PP, con Mariano Rajoy al frente. Una reforma constitucional que no fue consultada al pueblo ni sometida a referéndum. Una modificación que ocasiona que, año tras año, los presupuestos se conviertan en un instrumento para gobernar contra las personas, recortando derechos y servicios. Personas para las que se ha creado un marco de inseguridad jurídica inaceptable. Porque en nombre del cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, se cuestionan las condiciones laborales de los empleados públicos, el derecho a cobrar una pensión o el derecho a obtener medicamentos para enfermos con bajos niveles de renta, por citar algunos ejemplos.

Estos presupuestos, en nuestra opinión, serán de nuevo un fracaso, como se ha demostrado hasta ahora con los anteriores desde que se ha perdido la soberanía política, desde el 27 de septiembre de 2011 y la reforma a oscuras de nuestra Constitución. No sirven para la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas como se predica, no sirven para fortalecer la confianza ni producen la estabilidad de la economía. Solo aprovechan para acreditar la sumisión del gobierno a las políticas de estabilidad impuestas para solucionar una crisis financiera, las pérdidas de la banca y los especuladores, a cuenta de los derechos y futuro de las personas. Que desprotege a los mayores, a los que están trabajando y ven peligrar su sustento familiar o personal, que deteriora el futuro de jóvenes y menores. Y que ha condenado al drama social a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas inocentes.

Es falso que se vaya a lograr el objetivo de la estabilidad, no es la finalidad. La finalidad es recortar para pagar un agujero que no han creado los ciudadanos, para salvar a los bancos y sus acreedores. Como dijo el Presidente Rajoy en sede parlamentaria, la finalidad es salvar el sistema bancario porque es como el sistema circulatorio para que un estado siga vivo y funcionando, como si no hubiésemos conocido la caída de grandes bancos en Europa o América.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2014-2016, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 2013, se aprobaron por el Pleno del Congreso el 2 de julio de 2013. Establecen el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 4’2% del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 2’9%; la Seguridad Social del 0’6%; las Comunidades Autónomas del 0’7%; mientras que las Corporaciones Locales cerrarán el próximo año con déficit cero. Es decir, el Estado, sin competencias en materias como Educación, Sanidad y Servicios Sociales al mismo nivel que las Comunidades Autónomas, se reserva la mayor parte del déficit para, a nuestro entender, atender el pago de la deuda y de sus intereses, que han crecido exponencialmente.

Con este déficit del 0’7% para las autonomías y el 0% para las corporaciones locales, se impulsan cambios legislativos para recortar competencias y servicios mediante la recentralización, todo disfrazado de un marketing de las reformas, que quiere esconder la quiebra fraudulenta del Estado mediante la asunción de una deuda ilegítima, la cantidad de dinero prestada a terceros que figura en los balances públicos. Como no se pueden enviar las transferencias comprometidas por el traspaso de competencias se recurre a legislar contra los ayuntamientos, mediante falsos discursos de la simplicidad administrativa.

Las administraciones locales que acumulan mayor nivel de endeudamiento son las diputaciones y las grandes ciudades (+ de 500.000 hab.). En las que quien ahora quiere dar lecciones desde el Gobierno, han practicado el derroche, la contratación perjudicial y las inversiones dañinas. Es decir, entre pocas ciudades, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, se concentra el endeudamiento y la contratación desordenada que ahora se quiere corregir. Por no decir del ejercicio, no ya de competencias impropias, sino de actividades impresentables para corporaciones locales relacionadas con la construcción de contenedores vacíos –en muchos casos investigados estos expedientes por corrupción-, la planificación urbanística disparatada o la remuneración de asesores o el llamado ya como “cohecho fotográfico”, el pago de cantidades a personajes públicos, reales o no, para obtener notoriedad, sin pasar por ningún proceso administrativo objetivo.

¿Dónde va el dinero que nos lleva a aumentar nuestra deuda si la gestión ordinaria no debería producir este déficit?

Siendo pues más prácticos para evaluar estos presupuestos, haremos una serie de pruebas simples que confirmarán algunas sospechas más.

Por ejemplo, comprobamos como nueve millones de pensionistas perderán poder adquisitivo el próximo ejercicio al entrar en vigor la nueva fórmula para actualizar las pensiones. Lo mismo podemos decir para los funcionarios a los cuales se les vuelve a congelar su retribución, que junto al recorte del 5% practicada en 2010 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, sufren, de tanto congelar, una amputación salarial superior al 15% de sus haberes.

Se recortan los presupuestos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de Fomento y de Economía y Competitividad, justamente ministerios clave en la apuesta por la creación de puestos de trabajo.

Contrasta vivamente con el aumento del 0’4% del ministerio de Defensa, que es el tercer presupuesto entre todos los ministerios, con una asignación de 5.765 millones. Y que, tradicionalmente, vuelve a incrementarse en verano con nuevas asignaciones con reales decretos estivales.

Desciende la cuantía global que se dedicará a prestaciones por desempleo, nada menos que un 15%, lo que agravará aún más el drama de las personas sin cobertura, fiando ese descenso a una hipotética –y muy optimista- creación de puestos de trabajo.

Asimismo, baja el presupuesto destinado a las prestaciones de garantía salarial, aquellas que garantizan los trabajadores cobren, por parte del Estado, las cantidades que las empresas no les abonen por insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores. O las indemnizaciones reconocidas por sentencia o resolución administrativa como consecuencia de despidos.

Sube el presupuesto para el ministerio de Sanidad servicios Sociales e Igualdad un ridículo 0’7%, que no compensa, ni de lejos, el brutal recorte del 35’6% el año pasado.

Y en lo que hace referencia al País Valenciano, los presupuestos vuelven a castigar duramente a los valencianos. Si bien es cierto que este año hay un incremento del 6’9% en las inversiones, no es menos cierto que en los últimos 4 años el recorte ha sido de un 49’6%. Este dato es mucho más visible si comparamos la inversión por habitante en las diferentes CCAA. Nuevamente los valencianos, con 156 €, volvemos a estar por debajo de la media, que se sitúa en 242 €, 86€ de diferencia. En una comunidad autónoma mal financiada, como reconocen desde el mismo Ministerio de Hacienda, y con un PIB por debajo de la media. Lo que la convierte en la única comunidad autónoma que siendo pobre financia a otras CCAA cuyo PIB es superior. Por decirlo llanamente, una comunidad pobre que financia a comunidades más ricas.

Y todo esto se remacha con que los valencianos no veremos ni un solo euro del Fondo de Suficiencia Global, a pesar que el mismo Ministerio de Hacienda reconoce la necesidad de una mejor financiación para nuestra comunidad autónoma.

Los Presupuestos 2015, como los tres anteriores, son los Presupuestos del ajuste por imperativo legal. Pasar del 5’8% de 2103 al 4’2%. Esto supone otro ajuste que se pretende hacer aumentando los ingresos y recortando gastos. Más recaudación que no se obtienen de impuestos a la banca o grandes patrimonios o la revisión de los impuestos que pagan grandes empresas que distan de ser porcentualmente similares a los que pagan pequeños empresarios, comerciantes y autónomos. Por ajustes de balances, inversiones o supuestas pérdidas, grandes empresas con grandes salarios para directivos pagan relativamente menos impuestos. Por no hablar de los más de 230.000 millones que se han inyectado a la banca y que en intereses son una parte importante de los 35.519 millones que se destinan a pagar los gastos financieros de la deuda pública. Un escándalo.

Si a esto añadimos los recortes que se efectúan a los ayuntamientos con el déficit 0 que no permite el endeudamiento ni a los que pueden pagar, la iniciativa pública es anecdótica como motor de la economía y el empleo.

Lo decíamos el año pasado y lo repetimos ahora: estos presupuestos que el PP propone con su mayoría absoluta condena a la Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales a un callejón sin salida y reducen su capacidad para prestar los servicios transferidos y obligatorios con la eficacia necesaria. Se ataca la autonomía política de estas instituciones.

Se nos dice que este nuevo marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.

Con estos objetivos que son de imposible cumplimiento se condena a la población a una pérdida de calidad de vida insoportable. Se condena a las Comunidades Autónomas a prestar de manera incorrecta los servicios que tiene encomendados y a los Ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía, a la indigencia. No podrán nuestros ayuntamientos ni arreglar las calzadas de sus calles ni acometer obras de mantenimiento porque el dinero se destinará a prestarlo a la banca y a las cajas que vivieron e invirtieron por encima de sus posibilidades, que jugaron su dinero y el de sus impositores, algunos engañados, como los compradores de subordinadas, participativas y preferentes, y que ahora se rescatan.

Al final, el efecto de la congelación de sueldos y la insuficiente subida de las pensiones (2 o 3 euros en la mayoría de ellas), no permitirán una recuperación del consumo (privado y público), que restará crecimiento a la economía.

Estos no van a ser los presupuestos de la recuperación, mientras seguimos constatando que el único empleo que crece es a tiempo parcial y con sueldos escuálidos, mientras los jóvenes siguen marchándose a buscarse la vida a cualquier parte del mundo o los inmigrantes vuelven a sus países de origen.

No, estos no van a ser los presupuestos de la recuperación, mientras la deuda pública crece sin parar y en 2015, España deberá más de un billón de euros: en tres años de Gobierno Rajoy, ha crecido más que con toda la etapa Zapatero, superando el 100% del PIB, un registro que hace más de un siglo que no se alcanzaba.

Como anunciamos con los anteriores presupuestos, las políticas denominadas del austericidio impiden el crecimiento y el consumo, nos sumergen en una gran depresión, en una gran crisis de confianza para los inversores. Estamos en niveles de inversión pública similares a la que había hace muchos años. Vamos hacía atrás, perdiendo el tren del siglo XXI. La falta de confianza y de una banca pública destruye el acceso al crédito de los emprendedores y la creación de empleo. Los ciudadanos y ciudadanas están pagando una crisis que no han creado. El Gobierno con estos presupuestos es cómplice de esta injusticia, con la coartada de una reforma legal de la Constitución y de una falsa austeridad, de la sumisión a terceros que no han sido investidos por los ciudadanos democráticamente y que controlan la acción del ejecutivo.

Por todos estos motivos solicitamos la devolución de este proyecto de PGE al Gobierno, para su reformulación por otros que dediquen más recursos a incentivar la economía y rescatar a las personas.