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El Constitucional condena por séptima vez a la Mesa de Les Corts por la negativa a tramitar iniciativas de Compromís

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El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una nueva sentencia contra la Mesa de Les Corts y ha otorgado amparo a la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, por la vulneración de derechos fundamentales que supuso la negativa de la Mesa a tramitar tres Proposiciones No de Ley, una en la que reclamaba la inmatriculación de los bienes públicos no registrados antes de que lo hiciera la Iglesia, otra en la que proponía la retirada de títulos honoríficos a Sor Aurora y la Casa Cuna Santa Isabel y una tercera, firmada conjuntamente por Mónica Oltra y Mireia Mollà, en la que pedían la presentación de las Cortes Valencianas como acusación particular en el proceso judicial del Caso Cooperación.

Según explicó Oltra, “esta es la séptima sentencia del Tribunal Constitucional contra la Mesa de Les Corts por vulnerar los derechos fundamentales de los diputados de Compromís por no tramitar iniciativas parlamentarias sin justificación. Como en las anteriores sentencias, en ésta el Constitucional considera que las proposiciones no de ley vetadas por la Mesa cumplen todos los requisitos que el Reglamento de Les Corts establece y por tanto no está justificada la no admisión. El Tribunal reitera en esta sentencia que el control de la Mesa no puede ser un control de oportunidad política, sino un control meramente formal de la iniciativa. Estamos nuevamente ante un juicio de oportunidad política, que en esta ocasión no realizó el PP en solitario, ya que los representantes del grupo socialista en la Mesa también votaron, inexplicablemente, a favor de vetarnos estas iniciativas “.

Con esta sentencia el TC obliga a la Mesa de las Cortes Valencianas a retrotraerse de su veto a estas tres proposiciones no de ley y resolver de nuevo sobre su admisión a trámite.

Se trata de tres iniciativas parlamentarias presentadas por el grupo parlamentario Compromís en marzo del año 2012. En la primera de ellas la coalición instaba a la retirada del reconocimiento y el Premio de la Mujer Trabajadora de las Cortes Valencianas a Sor Aurora Gallego por los comportamientos de esta religiosa denunciados por las personas afectadas por robos de niños. Asimismo la proposición instaba al Gobierno Valenciano a retirar a la Casa Cuna Santa Isabel, el reconocimiento y “Premio Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado” por actuar en contra del principio inspirador de dicho reconocimiento en el escándalo de las adopciones irregulares.

Con la segunda iniciativa Compromís planteaba medidas para combatir la problemática de las inmatriculaciones que realiza la Iglesia Católica. Así la proposición no de ley instaba al Consell a reclamar al Ministerio de Justicia una lista de las inmatriculaciones de bienes inmuebles efectuadas por el Arzobispado de Valencia desde 1998. Y por otro instaba también al Consell para que la Dirección General de patrimonio realizara las gestiones adecuadas para inmatricular todos los bienes públicos sin registrar y los pusiera a nombre de la Generalidad, previa consulta al ayuntamiento pertinente, ofreciéndole la información para que lo immatricule a su nombre si así lo estima y en caso contrario , formalizar el trámite como Generalitat para conservar el patrimonio valenciano en poder de sus legítimos propietarios, el pueblo.

Con la tercera de las iniciativas Compromís pedía que Les Corts se presentaran como acusación particular en el Caso Cooperación como parte afectada, ya que el Parlamento valenciano dio 40.000 euros para un programa de reconstrucción de Haití que la extinta Conselleria de solidaridad y Ciudadanía dirigida por Rafael Blasco adjudicó a la trama de la Fundación Hemisferio.