Isaura Navarro: “consideramos que la existencia de un Centro de Internamientos de Extranjeros en nuestro territorio es incompatible con el compromiso de la sociedad valenciana con los Derechos Humanos”
El grupo parlamentario Compromís ha hecho pública hoy una Proposición No de Ley firmada por el síndico, Fran Ferri, y la diputada, Isaura Navarro, con la que pretenden conseguir que Las Cortes Valencianas insten al gobierno central a iniciar el proceso de cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores en Valencia.
Esta iniciativa parlamentaria de Compromís también reclama que Las Cortes condenen las identificaciones policiales por perfil étnico, instando a los Ayuntamientos, la Generalitat y el Gobierno Central a que prohíban de manera explícita y con carácter inmediato los controles policiales basados en este tipo de identificación. Así como declarar el territorio valenciano como Zona Libre de Centros de Internamiento de Extranjeros.
Según ha señalado Navarro “actualmente, contando el de Valencia, existen ocho Centros de Internamiento de Extranjeros a lo largo de España en funcionamiento. Y son numerosas las denuncias de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos que califican estos centros como cárceles encubiertas, así como la situación de las personas encerradas, las cuales son privadas de derechos fundamentales como es el derecho a la libertad, el derecho a una salud digna, el derecho de seguridad individual o el derecho de libertad religiosa, en muchos casos y entre otras privaciones”.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros están contemplados en la legislación estatal desde Ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España, concretamente en el artículo 26.2 acordando la posibilidad de cerrar temporalmente a aquellas personas que no disponen de documentación oficial, en centros “no penitenciarios” para poder tramitar su expulsión.
En el caso del centro de Zapadores, cabe destacar el alto coste de mantenimiento del mismo, superior a los 8 millones de euros anuales.
A lo largo del internamiento -con un máximo que llega hasta los 60 días- las personas encerradas en un CIE sufren una privación de libertad que supone un fuerte golpe emocional para todas ellas. Según han denunciado reiteradamente las organizaciones en defensa de los derechos humanos, aparte de eso, se producen una serie de vejaciones, conductas discriminatorias e incluso agresiones ya sean físicas o psicológicas con consecuencias para el resto de sus vidas.
Según ha señalado Navarro “se trata de personas que no han cometido ningún delito, sino que se encuentran encerradas por una falta administrativa como es no contar con la documentación en regla. Desde Compromís consideramos que la existencia de un Centro de Internamientos de Extranjeros en nuestro territorio es incompatible con el compromiso de la sociedad valenciana con los Derechos Humanos”.
La proposición no de Ley de Compromís también insta al Consell a que mientras se produce el cierre definitivo del CIE de Zapadores, constituya una Comisión de Seguimiento Permanente sobre este CIE donde estén representadas las organizaciones y entidades sociales asociadas a la reivindicación de su cierre y a la defensa de los Derechos Humanos. Así como crear un comité de expertos para realizar una propuesta sobre las políticas de asilo y migratorias, en el que participen de forma activa las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Finalmente Compromís reclama al gobierno central que ceda al Ayuntamiento de Valencia los terrenos donde actualmente se encuentran las instalaciones del CIE de Zapadores, para transformarlo, después de un proceso participativo, en un espacio abierto a la ciudadanía para llevar a cabo iniciativas de carácter social y / o vecinal.