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Compromís plantea medidas para proteger el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual

Publicat el en En castellano

El grupo parlamentario Compromís ha registrado en Les Corts una proposición no de ley que plantea una serie de medidas que deberían adoptarse para proteger el derecho de las personas con discapacidad intelectual que deseen votar y no les está permitido.

Según ha explicado el diputado de Compromís Paco García Latorre “con las leyes actuales en la mano, como la Ley Electoral, el derecho a sufragio para una persona con discapacidad intelectual pasa a depender del sistema judicial y de la subjetividad de un juez y un forense; concediendo este derecho vía privilegio frente a la noción de derecho como inalienable y básico que se tiene y se presume y sólo en casos excepcionales se anula”.

Todo esto enmarcado dentro de un sistema judicial que apoyado en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil incapacita a las personas anulando en muchos casos sus derechos civiles y políticos. La misión de cualquier Estado moderno que ha ratificado tratados de derechos humanos es proteger a las personas pero a la vez reconocer sus derechos humanos básicos y aplicar una “presunción de capacidad” que apo a la persona y no la anule y provoque su “muerte civil”. Proteger sin anular. Proteger y al mismo tiempo reconocer valores, es decir, apoderarse.

Para Garcia Latorre “nuestro sistema judicial, a la hora de incapacitar a personas y en concreto a la hora de incapacitar a personas con discapacidad intelectual sigue todavía anclado en un modelo caduco y evalúa a las personas no desde un punto de vista psicosocial sino desde un punto de vista médico (el forense sigue siendo el perito clave en los dictámenes periciales que los jueces suelen seguir al pie de la letra). Esto supone que cuando se incapacita a una persona el modelo suele ser la incapacitación total y la incapacidad para gobernar su persona y bienes lleva asociada la eliminación por ejemplo de derechos fundamentales, entre otros, el derecho a sufragio”.

Los comisionados internacionales de la ONU ya han avisado a España de este déficit democrático. Dado que para la sociedad no estamos ante una cuestión urgente, estamos condenando a colectivos completos de personas a la invisibilidad permanente y a ser ciudadanos de segunda, protegidos, sí, pero no reconocidos como libres o iguales.

Para revertir esta injusta situación Compromís ha presentado una iniciativa parlamentaria para instar a que se adecue la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, tratado que España ratificó en 2008.

Compromís plantea que también se modifique la Ley Electoral en lo referente al capítulo donde se habla de las personas que carecen de derechos de sufragio entre ellos, los declarados incapaces en sentencia firme por los jueces, solicitando la presunción de capacidad y que los jueces, solamente en casos extremos, puedan anularla, que sea un derecho básico y no dependa del criterio de los sistemas de incapacitación de turno, ya que la protección no debe implicar por sí misma la anulación de derechos fundamentales como es el derecho a voto.

Otra medida que recoge esta proposición no de ley es que se revisen de manera definitiva los correspondientes artículos del Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil que no están adecuados al modelo social y de derechos humanos representados por la Convención de la ONU y que provocan un sistema de incapacitaciones basados en el modelo médico y no en el modelo social que entiende la discapacidad intelectual no como una enfermedad sino como un estado de salud diferenciado, como dice la Organización Mundial de la Salud. Asimismo que se ponga en marcha un sistema de incapacitación gradual que evite las masivas incapacitaciones totales de amplios sectores de la población y en concreto a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.