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Compromís reclama la prohibición de la exportación de armas cuando exista riesgo de violación de derechos humanos

Publicat el en En castellano

Marian Campello: “se ha de verificar el uso y usuarios finales de las armas exportadas, así como reforzar el control parlamentario y la transparencia, no podemos permitir casos como la exportación de armas a la coalición liderada por Arabia Saudita implicada en el conflicto de Yemen”.

El grupo parlamentario Compromís ha anunciado la presentación en Las Cortes de una proposición no de ley con la que se pretende que el parlamento valenciano inste al Gobierno Central a adecuar plenamente la legislación española en el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) ratificado por España el 3 de junio de 2013, reflejando la prohibición absoluta de exportación de armas cuando exista un riesgo sustancial de que se empleen para facilitar o cometer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

Según ha señalado la diputada de Compromís Marian Campello “en los últimos años han aumentado considerablemente las exportaciones españolas de armamento. En sólo una década, estas se han multiplicado por ocho, pasando de los 400 millones de euros en 2004 a los 3.428 millones de 2014, ocupando el puesto séptimo en el ranking de exportación de armamento que publica el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI)”.

Según el informe anual de SIPRI el mercado internacional de armamento en 2013 fue de al menos 76.000 millones de dólares. Sin embargo, la cifra real probablemente sea más alta dada la dificultad de establecer el valor financiero de algunas transacciones. Las implicaciones de este mercado para la estabilidad, la paz y el respeto a los derechos humanos en todo el mundo motivaron que varias organizaciones impulsaran el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA) que finalmente entró en vigor el 24 de diciembre de 2014.

El TCA implica que todos los Estados firmantes deben respetar normas estrictas sobre la transferencia de armas, con el objetivo de reducir el flujo de armas que alimenta sangrientos conflictos, atrocidades y represión estatal en todo el mundo. Las normas del TCA contemplan que los Estados deben detener cualquier transferencia de armas que crean que se utilizarán para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Según denuncia Campello “España, a pesar de ser uno de los Estados firmantes y haber dado apoyo proactivo al establecimiento de este tratado, no ha hecho avanzar sus mecanismos de control y evaluación de las transferencias al mismo ritmo que el crecimiento de las exportaciones”.

El informe “Armas ‘Marca España’. Más vale prevenir que matar” elaborado por Intermón Oxfam, FundiPau, Amnstia Internacional y Greenpeace, identifica diez operaciones de exportaciones autorizadas y/o realizadas por el Estado español con riesgo sustancial de que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Se trata de las exportaciones de armas a la coalición liderada por Arabia Saudita implicada en el conflicto de Yemen, autorizaciones a Irak o exportaciones a Colombia o Ucrania, entre otras, como el desvío en la República Centroafricana de munición exportada a Camerún.

“El mismo informe realiza una serie de recomendaciones al gobierno para aumentar la evaluación de riesgo de las operaciones y la verificación del uso y usuarios finales de las armas exportadas, así como reforzar el control parlamentario y la transparencia. En esa línea va nuestra proposición en Les Corts, así además de la prohibición de la exportación de armas cuando exista riesgo de violación de derechos humanos consideramos que se debe impulsar la mejora de la evaluación de riesgo de las operaciones de exportación de armas y la toma de decisiones al respecto, la verificación del uso y usuarios de las armas, la transparencia y el control parlamentario previo a la exportación para garantizar que ni un arma producida en España se utiliza para cometer atrocidades”.

“Del mismo modo reclamamos la revocación de la decisión adoptada en Consejo de Ministros en 1987 y dejar de considerar secretas las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso y sistematizar la publicación de información sobre la transferencia de armamento”, ha concluido Campello.