Resulta evidente que la corrupción en el PP no es una cuestión puntual de ladrones puntuales, sino un problema sistémico. Por eso, además de dar la cara Rajoy, urge una regeneración de las instituciones y eso pasa por llevar al PP a la oposición”. Así lo ha manifestado el número número uno de la candidatura de ‘A la Valenciana’ al Congreso por Valencia, Joan Baldoví, después de què Compromís haya colaborado en sacar a la luz los contratos que evidencian una conexión directa entre el Consell del PP de Camps y una empresa de la señalada judicialmente como testaferro de Granados, María José Marijuán, en una clara conexión de la Púnica con el PP valenciano.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Compromís gracias a la petición de documentación formulada por el diputado autonómico y alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, la Generalitat presidida por Francisco Camps y la Diputación de Castelló de Carlos Fabra contrataron a la empresa Match Golf Consulting, dirigida por una testaferro de Francisco Granados y considerada parte de la trama Púnica por los investigadores judiciales, por organizar entre 2008 y 2011 un torneo de golf en Castellón. La adjudicación a la empresa de la Púnica fue ejecutada a dedo y obtuvo el reparo de la intervención de la Generalitat, que advirtió además de que fue aprobada sin los informes preceptivos que exige la ley.
Según esta documentación el Gobierno de la Generalitat valenciana presidido por Francisco Camps, junto a la Diputación de Castelló de Carlos Fabra, pagaron 10 millones de euros de dinero público a la empresa Match Golf Consulting, dirigida por la testaferro de Granados, María José Marijuán, entre los años 2008 y 2010. El contrato también tuvo lugar en 2011, pero no constan los documentos sobre los pagos por esa anualidad, que según fuentes del caso ascienden a otros tres millones de euros.
Los pagos de las dos instituciones del PP dirigidas por Camps y Fabra, a la empresa considerada por los investigadores como parte del entramado de la operación Púnica, se produjeron para organizar el torneo de golf Castelló Masters Costa Azahar, que se disputó entre 2008 y 2011 en el campo de golf que precisamente gestionaba y dirigía el propio Carlos Fabra, en la localidad de Borriol.
Camps y Fabra utilizaron la misma fórmula que supuestamente se utilizaba en otros casos de corrupción como en Noos para eludir los concursos públicos: utilizaron el convenio en lugar del contrato público para emplear a Match Golf Consulting. Y se optó por este mecanismo pese a todos los reparos manifestados –y que constan en el expediente- tanto desde la Abogacía de la Generalitat, como desde la Intervención de la misma. Esta última advirtió además de que “no se han emitido los informes preceptivos” exigidos por la ley, “previos a la aprobación por parte del Gobierno valenciano del convenio de referencia”.
La número uno de la candidatura ‘A la Valenciana’ por Castellón y miembro de Compromís, Marta Sorlí, ha manifestado que “en una semana en la que en Castelló hemos conocido un supuesto pufo de 25 millones de la etapa del PP en el Hospital Provincial, a nadie le sorprende que en la época de Fabra y Camps el dinero público acabase en manos de tramas supuestamente corruptas. Se acabará demostrando, espero, que quienes acusan a al ciudadanía de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, en realidad lo que presuntamente han hecho es saquear por encima de las posibilidades a la ciudadanía”.
HASTA TRES MILLONES AL AÑO
Según la documentación a la que ha tenido acceso Compromís, el convenio firmado inicialmente en 2008 por la consejera de Cultura, Trinidad Miró; el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; y por la testaferro de Granados, María José Marijuán; establecía que la Generalitat y la Diputación aportarían 2 millones de euros al año en concepto de patrocinio, pero ante la ausencia de benefactores privados, pese a los proclamados réditos económicos del torneo, al año siguiente incrementaron en un millón de euros más su aportación de forma anual.