Las diputadas de Compromís en las Corts, Mª Josep Ortega y Teresa Garcia, han presentado una propuesta para solicitar al Gobierno central medidas que protejan, a los consumidores y consumidoras, frente a las prácticas empresariales de obsolescencia programada de determinados productos, y que además se desarrollen mecanismos para la promoción del consumo de bienes perdurables y reparables.
Según ha explicado Mª Josep Ortega, “la obsolescencia programada es una práctica que emprenden determinadas empresas dedicadas a la fabricación de bienes, con la cual pretenden que un producto, después de un periodo de tiempo calculado por el propio fabricante durante la fase de diseño, se vuelva obsoleto. Todo esto sin que el consumidor pueda acabar perdiendo la confianza en la marca y llegue al convencimiento de que la duración del producto es la correcta”.
“Esta práctica supone además toda una serie de gastos fijos a las personas, que ven cómo cada cierto tiempo tienen que cambiar inevitablemente de electrodomésticos, de teléfonos o de ordenadores con el problema económico que esto les puede suponer, y sin tener ninguna opción de reparar los aparatos. Una opción que de todas, todas, les resultaría más económica”.
“Una cuestión que no es nada banal, puesto que las personas con menos recursos económicos son las que más sufren la obsolescencia programada, ya que no pueden pagar productos sostenibles, y tienen que utilizar productos de baja gama más frágiles, que se rompen antes. Una situación que repercute en sus tasas de endeudamiento, ya de por sí muy elevadas”, ha explicado Ortega.
Por otro lado, “desde un punto de vista medioambiental, la obsolescencia programada también nos aboca a una calamidad de proporciones calculables: se calcula en 11 millones de toneladas anuales los residuos que actualmente se generan de aparatos eléctricos y electrónicos. Y a pesar de las políticas de reciclaje e innovación, la cifra continúa subiendo. El beneficio económico que unos pocos obtienen gracias a las prácticas de la obsolescencia programada genera una estructura económica y social que poco beneficia a los ciudadanos, a los consumidores y al medio ambiente”.
Por todo esto, “es necesario valorar un cambio de modelo, puesto que así se reactivará el sector de la reparación, se evitarán gastos fijos a la ciudadanía y será beneficioso para el medio ambiente. Para hacerlo, el Gobierno central tiene que desarrollar un marco normativo que limite y regule las prácticas empresariales basadas en la obsolescencia programada, calculada por los fabricantes de productos. Y también tiene que establecer las medidas necesarias para estimular que las empresas fabriquen piezas de repuesto y garanticen un correcto servicio de reparación de sus productos, con el doble objetivo de alargar la vida útil de los productos y de reactivar el sector profesional dedicado a la reparación creando empleo”, ha concluido la diputada Mª Josep Ortega.