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La síndica adjunta y portavoz de Compromís en la Comisión de Investigación sobre la adjudicación de plazas de las residencias del grupo Savia que se celebra en las Corts, Mònica Àlvaro, ha manifestado que “que Rafael Blasco diga que emitió un informe ex profeso para que las empresas tuvieran seguridad a la hora de invertir, testimonia que la Comisión está haciendo un buen trabajo”.

Según Àlvaro, “a pesar de que Blasco califica de ‘ideal’ el concurso, el reconocer que tuvo que firmar una resolución en favor de la exclusividad para que así llegara la inversión de las empresas, indica claramente que su conselleria actuaba más para favorecer a determinadas empresas que para solucionar los problemas de la gente mayor”.

De hecho, la llamada interpretación de Blasco, una resolución que firma el ex conseller de Bienestar Social, dio pie a que las empresas del modelo Cotino reclamaran una “exclusividad” a la Administración Pública que haría que sus residencias fueran prioritarias por delante de las otras residencias e, incluso, otros modelos de prestación a los dependientes.

“Evidentemente las empresas, constructoras la mayoría de ellas, pedían constantemente a la Conselleria de Bienestar Social incrementos de precio y exclusividad a la hora de gestionar las plazas de residencia, y que el Conseller accediera a firmar dicha resolución manifiesta cuánto interés tenía al acceder a las peticiones empresariales, entre las que hay que recordar que estaba la constructora de Enrique Ortiz, socia de Vicente Cotino”.

“Por otro lado, en la sesión de tarde de la Comisión de Investigación de ayer, un alto cargo de la Conselleria de Bienestar Social también cuestionaba dicha “interpretación de Blasco”, puesto que es bastante insólito que la figura  de un conseller haga a posteriori una interpretación y una resolución en esos extremos; “no lo vemos claro” serían las palabras que se repitieron ayer por parte de la ex secretaria autonómica, Nela Garcia”. 

“Blasco puede indignarse todo lo que considere que hay que escenificar, pero las presiones a los ayuntamientos por suelo gratuito y los incumplimientos por los cuales desde nuestro grupo le preguntamos están ahí, igual que la sentencia del TSJ que califica las 2000 plazas del  modelo como ilegales. Desde Compromís continuaremos trabajando para demostrar que las adjudicaciones de plazas de residencias no se hacían con voluntad de servicio público sino que obedecían a otros intereses económicos. De hecho, hoy mismo, desde CLEOP se han reconocido conversaciones con Benavent para ofrecer contratos como el que supuestamente daría lugar a la residencia de Xàtiva con el modelo Cotino”, ha concluido Mònica Àlvaro.