La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha puesto en marcha una medida para el próximo año que garantizará el acceso a un recurso de atención residencial a alrededor de 2.000 personas, que actualmente no están siendo atendidas dentro del sistema público, y que han solicitado una plaza en una residencia como recurso asistencial.
La directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez, ha explicado que para los casos en los que la Administración no pueda ofrecer una plaza residencial sostenida con fondos públicos a la que tiene derecho la persona en situación de dependencia, “se le concederá una prestación económica sustitutiva, la denominada Prestación Vinculada de Garantía, que permitirá al usuario acceder y costearse una plaza residencial a no más de 20 kilómetros de su entorno familiar, en igualdad de condiciones que los beneficiarios que han accedido a una plaza pública”.
Ante la situación actual de las personas que se encuentran a la espera de poder entrar en una residencia “por la falta de infraestructuras en este ámbito”, la Conselleria de Igualdad “ha decidido regular una medida que ofrecerá progresivamente, en un plazo de 3 años, a todas las personas en situación de dependencia que puedan demandar una plaza pública de residencia” ha señalado Martínez.
Para calcular la cantidad de la prestación económica, la Conselleria ha fijado el precio público de la plaza en 1.500 euros, que deberá costear la Administración descontando la aportación que hará el usuario en función de su renta, garantizándole un mínimo de dinero para su autonomía, 219 euros al mes, además de las dos pagas extras.
Esto significa que la Prestación Vinculada de Garantía “será de una media de alrededor de 1.000 euros para cada beneficiario”, aunque en los casos en que el copago del usuario salga 0, la administración abonará el coste total de la plaza.
‘Queda’t a prop’
Esta medida se enmarca dentro del Plan de Reordenación del Sector Residencial para personas mayores de la Comunitat Valenciana, ‘Queda’t a prop’, presentado por la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y que supone una reforma de un sector que ha sufrido una falta de inversión durante los 20 años del anterior Ejecutivo.
La directora general ha explicado que este plan se ha elaborado “teniendo en cuenta las necesidades del usuario, la calidad del servicio y garantizando unas condiciones laborales dignas para los profesionales de los centros, atendiendo, principalmente, los criterios objetivos de las necesidades poblacionales”. Para ello se ha elaborado una mapificación de los recursos disponibles, a partir de la cual se han orquestado diversas medidas.
Entre estas medidas se incluye la construcción de nuevos centros y un incremento presupuestario del 11,55 por ciento en el presupuesto de mejora y acondicionamiento de centros, hasta alcanzar los 3,1 millones de euros.
Asimismo, se estrecha la colaboración con diputaciones y ayuntamientos, que se va a plasmar a través de la ampliación de las plazas municipales concertadas, que crecerán en 547 en centros de día y en 137 en centros diurnos, y con la recuperación de proyectos que la falta de inversión del antiguo gobierno paralizó y que ahora se quieren recuperar.
Otro aspecto que se aborda desde este plan, es la creación del concierto social para las residencias del tercer sector, lo que permitirá que las 1.363 plazas que actualmente gestionan esta entidades pasen del modelo de la subvención al concierto, medida que incrementa la estabilidad y reduce la burocracia, además de terminar con la discrecionalidad de las ayudas, lo que permite mejorar las condiciones laborales y la seguridad de la entidad.
Respecto al sector de accesibilidad, a principios de 2017 se procederá a la concertación de un total de 3.300 plazas, a través de un concurso abierto a todas las empresas, con la incorporación de las cláusulas sociales, cláusulas antimonopolio, y primando la calidad por encima del coste. Con esta medida se cumple con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declaró ilegal este tipo de modelo, acabando con un sistema de adjudicación privilegiado para unos pocos y garantizado la pluralidad del sector.