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Compromís insta a realizar cambios normativos para proteger los cultivos tradicionales de las variedades que les pueden ocasionar daños

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La diputada del grupo parlamentario Compromís, Cristina Rodríguez, ha registrado en Les Corts una proposición no de ley con la que pretende que se establezcan medidas para proteger los cultivos tradicionales de plantaciones adyacentes que pueden perjudicarlos.

Según explica Rodríguez “esto ocurre por ejemplo en el caso de los cítricos, donde la plantación de algunas nuevas variedades agrava el problema de la pinyolà en variedades tradicionales que tienen a su alrededor. Esta es una situación preocupante para los agricultores porque afecta a la rentabilidad de su negocio, por eso hemos presentado esta iniciativa parlamentaria, para buscar contribuir a la seguridad del agricultor, garantizando la responsabilidad de aquellos que plantan variedades que puedan ocasionar daños a terceros”.

En concreto la proposición de Compromís insta al Consell a iniciar los trámites legislativos para que los propietarios o arrendatarios de fincas rústicas que realicen plantaciones de cultivos herbáceos o arbolado que sean susceptibles de provocar en las fincas colindantes depreciación comercial, disminución de la producción o deficiente desarrollo vegetativo de los cultivos implantados en las mismas deban solicitar el correspondiente permiso de plantación a la Conselleria con competencias en agricultura. Asimismo se propone establecer un sistema de petición de avales a los propietarios o arrendatarios de fincas rústicas de estos tipos de cultivos a favor de la Generalitat, a fin de poder compensar las pérdidas ocasionadas en el caso de que se continúe con la plantación de estos cultivos y crear un registro sobre estas parcelas.

Según explica la parlamentaria de Compromís “no existe ninguna legislación que impida que un nuevo cultivo provoque daños económicos a los que ya existían previamente a su alrededor. Entendemos que se debe proteger la biodiversidad de los cultivos y el patrimonio comercial que supone la política de calidad que, unida a la producción tradicional de los productos agroalimentarios, constituye el pilar sobre el que se apoya la competitividad del sector agroalimentario valenciano”.